La protesta contra la ley de seguridad del Gobierno francés prosiguió este sábado en casi 90 ciudades del país, pese a que el Ejecutivo anunció su intención de reformar los aspectos más polémicos del proyecto.
Las manifestaciones se unieron en esta ocasión con otras convocadas por los sindicatos contra la precariedad creciente en el empleo.
Las diferentes convocatorias estuvieron rodeadas de importantes medidas de seguridad, después de que el pasado sábado algunas de esas manifestaciones acabaran con disturbios y enfrentamientos entre radicales y las fuerzas del orden.
Los convocantes consideran que no es suficiente el anuncio del Gobierno de retirar el artículo 24 de su ley, que controlaba la grabación y difusión de imágenes de fuerzas del orden, lo que fue considerado como un ataque a la libertad de prensa y de expresión.
El Ejecutivo anunció el pasado miércoles que ese artículo será totalmente revisado y el presidente, Emmanuel Macron, aseguró este viernes que en su nueva formulación no estará prohibido grabar y difundir imágenes de policías y gendarmes.
Pero los convocantes mantienen la presión porque no se fían de la nueva redacción y exigen la retirada total de una ley que comienza su trámite parlamentario.
Las manifestaciones se producen en un contexto creciente de crítica al presidente Macron por lo que se considera ataques a las libertades fundamentales, algo que negó en una entrevista con el medio digital Brut este viernes.
El presidente reconoció algunas actuaciones violentas de la policía que consideró «inadmisibles» y que, dijo, serán sancionadas, pero señaló que en su mayor parte las fuerzas del orden francesas actúan con mesura y dentro de las reglas deontológicas.
Macron admitió también actos racistas en la policía, sobre todo en los controles de identidad, que señaló que se centran más en personas que no son de piel blanca, una frase que le ha valido las críticas de los sindicatos policiales.
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