El dueño de una empresa contratista agrícola fue sentenciado a nueve años de cárcel por explotación de trabajadores inmigrantes, en su mayoría mexicanos, y por liderar una actividad criminal en varios estados, informó la Fiscalía del Distrito Medio de Florida (EE.UU.).
El magistrado federal Charlene Edward Honeywell condenó a 118 meses de prisión a Bladimir Moreno, de 55 años, así como a tres años de libertad supervisada y a pagar una indemnización de 175,000 dólares para sus víctimas, por encabezar una organización criminal que llevó al trabajo forzado a mexicanos llegados a Estados Unidos con una visa especial (H-2A) para trabajar en el sector agrícola.
Según la fiscal federal asistente Kristen Clarke, Moreno y sus cómplices obligaron a los mexicanos «a trabajar en condiciones inhumanas, confiscó sus pasaportes, impuso tarifas y deudas exorbitantes y los amenazó con la deportación o el arresto ilegal».
«Abusó de su poder como propietario de un negocio para capitalizar las vulnerabilidades y el estatus migratorio de las víctimas, atrayendo a quienes buscan una mejor calidad de vida con falsas promesas de trabajo legal pagando un salario justo», agregó Clarke en un comunicado difundido por la Fiscalía.
Moreno, propietario y director de la firma contratista Los Villatoros Harvesting LLC (LVH), había sido detenido en septiembre de 2021 y a comienzos de este año se declaró culpable del cargo de conspiración en el marco de una ley federal sobre organizaciones corruptas y extorsionistas (RICO, en inglés).
De acuerdo a documentos de la corte, LVH traía a EE.UU. un gran número de trabajadores mexicanos temporales con visas agrícolas H-2A, a las que la compañía aplicaba ante las autoridades federales mediante falsas declaraciones, y además incurrió en actividades ilícitas que entre otras incluían fraude de visas y fraude en la contratación de mano de obra extranjera.
Tras hacer falsas promesas a los trabajadores agrícolas mexicanos para que trabajen con LVH y cobrarles sumas infladas para ingresar a Estados Unidos con visas H-2A, Moreno y sus cómplices pusieron a trabajar a los inmigrantes en cultivos ubicados en los estados de Florida, Georgia, Carolina del Norte, Indiana y Kentucky.
Una vez en EE.UU., más de una docena de los trabajadores agrícolas, según la Fiscalía federal, debieron cumplir largas horas de trabajo «físicamente exigente» durante seis o incluso siete días a la semana y por un salario mínimo.
Moreno y sus cómplices utilizaron varias formas de coherción, entre ellas la imposición de deudas a los trabajadores, confiscación de pasaportes, además de someterlos a «condiciones de vida hacinadas, insalubres y degradantes».
De igual modo, los mantuvieron en EE.UU. una vez que expiraron sus visas para de esa forma amenazarlos «con el arresto y la deportación si no cumplían con las demandas».
A fin de ocultar la actividad criminal de la empresa, Moreno creó y proporcionó «registros fraudulentos que contenían información falsa sobre el salario y las horas de trabajo de los trabajadores, y repetidamente hizo declaraciones falsas a los investigadores federales», señaló Fiscalía.
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