El nuevo fiscal general republicano de Virginia insta a la Corte Suprema a que anule su sentencia de 49 años en el caso Roe contra Wade y devuelva la regulación del aborto a los estados, mientras los observadores esperan la inminente decisión de la corte en un desafío a una ley de aborto de Misisipi.
En este contexto, la Corte Suprema ha denegado las solicitudes de suspensión de la ley de Texas sobre el «latido del corazón», que prohíbe los abortos después de las seis semanas de gestación y delega su aplicación a miembros del público.
Whole Woman’s Health ha presentado una demanda para anular la nueva ley de Texas, alegando que viola el caso Roe v. Wade (1973) y Planned Parenthood v. Casey (1992), en el que la Corte Suprema descubrió un derecho constitucionalmente protegido a abortar antes de que el feto sea viable, en torno a las 24 semanas. La cadena de clínicas también cuestionó el novedoso mecanismo de aplicación que se basa en la presentación de demandas por parte de particulares.
En una carta del 21 de enero (pdf) dirigida al secretario de la Corte Suprema con el membrete del fiscal general de Virginia, Jason Miyares, que tomó posesión de su cargo a principios de este mes, su subordinado, el procurador general de Virginia, Andrew N. Ferguson, informó al tribunal que su jefe había cambiado de posición en el caso conocido como Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.
El caso Dobbs fue visto por la Corte Suprema el 1 de diciembre de 2021. Se trata de un desafío por parte de la única clínica de aborto con licencia estatal en Misisipi a la Ley de Edad Gestacional del estado, que permite los abortos después de las 15 semanas de gestación solo para emergencias médicas o anormalidades fetales graves. Citando el caso Roe v. Wade, los tribunales inferiores consideraron que la ley era inconstitucional.
En septiembre, cuando los demócratas controlaban la oficina del fiscal general, el gobernador y el vicegobernador en Virginia, el estado firmó un escrito con 22 estados y el Distrito de Columbia que argumentaba que «la prohibición de Misisipi sobre los abortos antes de la viabilidad es —y debería seguir siendo— inconstitucional, basándose en los precedentes», dice la carta a la Corte Suprema.
Pero con el cambio de titulares demócratas favorables al aborto a titulares republicanos favorables a la vida, la posición de Virginia en la apelación de Misisipi tuvo que cambiar de una postura incondicional a favor del aborto a una posición federalista más matizada que permitiera a los estados decidir la cuestión.
«Tras el cambio de administración del 15 de enero de 2022, el fiscal general ha reconsiderado la posición de Virginia en este caso», señala la carta.
«El propósito de esta carta es notificar al tribunal que Virginia ya no se adhiere a los argumentos contenidos en su escrito presentado anteriormente. Virginia opina ahora que la Constitución no se pronuncia sobre la cuestión del aborto y que, por tanto, corresponde a los ciudadanos de los distintos estados determinar la situación jurídica y el tratamiento normativo del aborto».
Virginia adopta ahora la postura de que los casos Roe y Casey se «decidieron erróneamente», y está de acuerdo con la disidencia del juez Clarence Thomas en el caso June Medical Services v. Russo (2020), que declaró que esas «decisiones crearon el derecho al aborto de la nada, sin una pizca de apoyo en el texto de la Constitución». El «desarraigo del derecho al aborto ha hecho inviable la jurisprudencia sobre el aborto de este tribunal», añadió Thomas.
«Este tribunal debería restablecer la neutralidad judicial en el debate sobre el aborto permitiendo a los ciudadanos de los distintos estados resolver estas cuestiones por sí mismos», concluye la carta.
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