La gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján Grisham, firmó el miércoles un proyecto de ley que prohíbe a los empleados del gobierno en su estado utilizar como defensa la inmunidad calificada contra demandas de responsabilidad civil.
La ley, bautizada como Ley de Derechos Civiles de Nuevo México, también permite a los individuos demandar por compensación si un empleado del gobierno estatal o local viola los «derechos, privilegios o inmunidades» de la persona dentro del ámbito de su empleo.
«Los residentes de Nuevo México tienen garantizados ciertos derechos por nuestra constitución estatal», dijo el demócrata Grisham en una declaración. «Esos derechos son sagrados, y el documento constitucional que los contempla es la base de todo lo que privilegiamos en hacer como servidores públicos del pueblo de este gran estado».
«De hecho, los buenos servidores públicos trabajan incansablemente todos los días para proteger esos derechos, para garantizarlos, para salvaguardar a los residentes de Nuevo México. Pero cuando las violaciones ocurren, nosotros como estadounidenses sabemos muy bien que las víctimas son desproporcionadamente personas de color y que con demasiada frecuencia hay obstáculos para luchar por esos derechos inalienables en un tribunal de justicia», agregó.
Esto se produce en medio de una presión de activistas de derechos civiles, académicos del derecho y legisladores que piden a la Corte Suprema que revise la doctrina, que argumentan que impide que funcionarios como los agentes de policía se enfrenten a consecuencias por mala conducta o abuso de poder si sus acciones violan la Constitución de Estados Unidos pero no contravienen una norma «claramente establecida».
La doctrina de la inmunidad calificada aísla a los funcionarios del gobierno de la responsabilidad civil por la conducta requerida por el trabajo. Proviene de la interpretación de la Corte Suprema del 42 U.S.C. § 1983, comúnmente conocido como Sección 1983, que proporciona una base para que la gente demande a los funcionarios estatales que violan los derechos constitucionales de una persona.
La Corte Suprema dijo que no basta con demostrar que se violaron los derechos. Las víctimas deben demostrar también que la acción estaba «claramente establecida», y si no lo consiguen, el funcionario podría recibir inmunidad calificada. La norma «claramente establecida», que los críticos de la doctrina consideran problemática, exige que la parte que demanda al funcionario demuestre que los hechos de su caso son suficientemente similares a los de casos judiciales anteriores.
Los defensores dicen que la doctrina es importante para que los funcionarios públicos, como los agentes de policía, puedan desempeñar su trabajo protegidos de interferencias indebidas y amenazas de responsabilidad. También dice que evita las demandas frívolas o de represalia contra los funcionarios.
La inmunidad calificada volvió a aparecer en la conciencia pública en medio de las protestas del verano pasado contra la violencia policial tras la muerte de George Floyd. El debate sobre si la doctrina debe seguir manteniéndose como sacrosanta alcanzó un crescendo en los últimos meses y los legisladores tomaron medidas para abolir el concepto por completo.
Nuevo México sigue la línea de otros estados que abolieron o limitaron el funcionamiento de la defensa de la inmunidad calificada. El estado de Colorado, liderado por demócratas, fue el primero en aprobar una ley que elude el funcionamiento de la defensa, permitiendo a los particulares interponer acciones civiles contra los agentes de policía que violen las leyes del estado. El Ayuntamiento de Nueva York también aprobó el mes pasado una ley similar.
Hasta el momento, la Corte Suprema se negó a aceptar cualquier caso que ofrezca a los jueces la oportunidad de volver a examinar la cuestión. El mes pasado, la Corte rechazó la oportunidad de revisar la doctrina elaborada por la Corte Suprema en un caso en el que un hombre de Cleveland demandó a dos agentes de policía que lo agredieron al intentar entrar en su casa en 2016. Los agentes, que vestían de civil en ese momento, habían confundido la vivienda con una casa vacía en un barrio de alta criminalidad.
Los magistrados no dieron ningún razonamiento para su decisión.
Los jueces Clarence Thomas y Sonia Sotomayor expresaron previamente su deseo de revisar la doctrina, después de criticar su funcionamiento.
Por su parte, la administración del expresidente Donald Trump, que se mostró abierta a la reforma policial, criticó los llamados a eliminar la inmunidad calificada. El último fiscal general de Trump, William Barr, dijo que en situaciones en las que un oficial viola a sabiendas y deliberadamente un derecho bien establecido, entonces puede ser apropiado responsabilizar civilmente al oficial. Pero dijo que la inmunidad calificada es necesaria para garantizar que los agentes de policía puedan hacer su trabajo sin miedo.
Grisham subrayó el miércoles que la ley de su estado «no es un proyecto de ley antipolicía». Ella subrayó que la ley «no pone en peligro a ningún primer interviniente o servidor público, siempre y cuando se comporte profesionalmente dentro de los límites de nuestra constitución y con un profundo y activo respeto por los sagrados derechos que ésta nos garantiza a todos como residentes de Nuevo México».
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