El Gobierno de Nuevo México (EE.UU.) tiene plazo hasta abril del próximo año para aplicar las reformas necesarias que le permitan acortar las brechas educativas entre sus estudiantes, de las más amplias del país según organizaciones civiles, tras el fallo de una juez estatal.
En una decisión dada a conocer esta semana, la jueza Sarah Singleton dio un plazo de seis meses para que el Gobierno estatal mejore la educación de alumnos de grupos vulnerables, como los estudiantes de bajos recursos, los nativo americanos e inmigrantes, en respuesta a una demanda entablada hace 4 años por dos organizaciones civiles.
«El estado tiene que implementar reformas no solo dar más dinero por parte de la legislatura, sino aplicar cambios en el sistema educativo que hagan que los estudiantes vulnerables puedan tener el derecho constitucional a la educación que merecen», explicó a Efe Alejandra Ávila, abogada del Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicanoamericano (Maldef, por sus siglas en inglés).
Esta organización y el Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México, que han calificado el fallo de esta semana de «histórico», entablaron una demanda al Gobierno estatal al considerar que las fórmulas presupuestarias y el manejo del sistema educativo rezaga a las minorías.
Estos grupos, detalló Ávila, por años han estado privados de «mejores maestros y salones, cursos de calidad en sus escuelas, sistema de asesorías, maestros bilingües», y reiteró que no se trata de infraestructuras, sino de «recursos de calidad y reformas sistemáticas» en las escuelas.
La abogada mencionó que este estado ocupa en el país el penúltimo puesto, en cuanto a niños escolares que viven en la pobreza (28,5 %) o que califican para un almuerzo gratis (68,2 %).
Agregó que más de un cuarto de la población estudiantil de Nuevo México no tiene seguridad alimentaria y muchos de estos niños reciben las únicas comidas en la escuela, lo que los orilla a tener problemas por baja puntuación y altas tasas de indisciplina.
Los estudiantes nativos americanos representan en este estado el 10,6 % de la población estudiantil, mientras que el 14,8 % tiene una discapacidad.
Asimismo, los alumnos que aprenden inglés se ubican en torno al 15 % del total y constituyen estudiantes de riesgo «cuyas vidas, no solo como estudiantes sino también como adultos, se ven directamente afectados por el sistema educativo del estado y sus decisiones de financiación», dijo Ávila.
Singleton determinó en su fallo que aunque tanto la Constitución estatal como diversas leyes locales ofrecen garantías para una educación digna universal, ello no se ve reflejado en la práctica.
Por ejemplo, a pesar que la Carta Magna de Nuevo México garantiza los derechos educativos de los hispanohablantes, el estado no cuenta con un sistema adecuado de entrenamiento y supervisión dirigido a aquellos estudiantes cuya lengua materna no es el inglés, según el fallo.
«La legislatura (estatal) tiene muchas opciones para lograr ese balance en educación: Implementar más maestros bilingües, proporcionar tutorías, hacer que el dinero llegue a las poblaciones que debe a llegar», opinó la abogada de Maldef.
Los demandantes esperan una posible apelación del Departamento de Educación estatal, que deberá ser presentada antes del 17 de agosto próximo, lo que ven como una «falla», porque a juicio de Ávila, la jueza les dio una oportunidad para «remediar esas deficiencias educativas».
«Por cuatro años el estado se ha negado a tomar la responsabilidad que debe de tomar: brindar el mismo derecho a todos los estudiantes», lamentó.
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