Un proyecto de ley en el Senado hace temer a algunos que las grandes empresas tecnológicas y los principales medios de comunicación puedan coludirse en contra de los medios más pequeños e independientes.
El proyecto de ley, denominado Ley de Competencia y Protección del Periodismo (JCPA, por sus siglas en inglés), sustituiría algunas leyes antimonopolio existentes y permitiría a las empresas de medios de comunicación unirse para negociar con las plataformas de las grandes empresas tecnológicas como Facebook, Google y Twitter.
Específicamente, la JCPA dice: “Un creador de contenido de noticias no puede ser considerado responsable bajo las leyes antimonopolio por entablar negociaciones con cualquier otro creador de contenido de noticias durante el período de 4 años a partir de la fecha de promulgación de esta Ley para retener colectivamente contenido de, o negociar con, un distribuidor de contenido online con respecto a los términos en los que el contenido de noticias del creador de contenido de noticias puede ser distribuido por el distribuidor de contenido online”.
En resumen, esto significa que los medios de comunicación online e impresos, entre los que se encuentran algunos de los nombres más importantes y antiguos del sector, podrían unirse en una especie de sindicato de medios para exigir concesiones a las empresas tecnológicas con el fin de que la coalición siga permitiendo sus contenidos en la plataforma. De acuerdo con las leyes antimonopolio vigentes, este tipo de cárteles —que describen una colusión de empresas de un sector para unirse en pos de un resultado financiero o industrial común— son decididamente ilegales.
Los defensores de la JCPA la han presentado como una panacea muy necesaria para hacer frente a la disminución del número de empresas de medios de comunicación locales que, según los defensores, a menudo se quedan atrás en el paraguas de los algoritmos y la capacidad publicitaria de las grandes empresas tecnologías.
En una petición de change.org que ha reunido más de 23,000 firmas, la News Media Alliance, una de las más firmes defensoras del proyecto de ley, explicó esta postura, presentándola como una posición firme contra el alcance del poder y la influencia de las grandes empresas de tecnología.
«Hoy en día, muchos periódicos locales están teniendo problemas para mantenerse en el negocio. Las plataformas de las grandes tecnológicas, como Facebook y Google, controlan cómo accedemos a noticias fiables en internet y cómo se muestra, prioriza y monetiza el periodismo. Captan la gran mayoría de los dólares de la publicidad digital gracias a su enorme capacidad para recopilar datos de los consumidores.
«Los ingresos de los periódicos locales han disminuido y, como resultado, miles de periodistas han sido despedidos, están surgiendo ‘desiertos de noticias’ en todo el país, y sigue floreciendo una peligrosa desinformación que amenaza el tejido de nuestra democracia».
«Desinformación» y «extremismo»
Pero los opositores al proyecto de ley han lanzado advertencias, diciendo de que en la práctica la política solo servirá para beneficiar a los grandes medios de comunicación establecidos y convencionales, excluyendo a las publicaciones independientes y contrarias al establishment.
En concreto, los opositores señalan una sección de un borrador actualizado de la JCPA que podría permitir a los cárteles de grandes medios de comunicación exigir que las plataformas tecnológicas censuren o se nieguen a permitir que los medios de comunicación más nuevos y menos establecidos publiquen en la plataforma.
Según el texto del proyecto de ley, las negociaciones de los cárteles de medios de comunicación con las plataformas tecnológicas deben ir más allá de meras concesiones monetarias.
En la práctica, los críticos temen que esto podría permitir a los grandes medios de comunicación exigir que los medios más pequeños que publican la llamada «desinformación» o «noticias falsas» —que muchos en la derecha ven como un término general destinado a denunciar y deslegitimar a los medios conservadores— sean prohibidos de publicar contenido en las plataformas tecnológicas.
Técnicamente, el proyecto de ley garantiza que esto no sucederá.
Según los términos del proyecto de ley, las coaliciones de medios de comunicación que se unan para negociar colectivamente no pueden excluir a los medios del cártel por motivos «[relacionados] con el tamaño de un proveedor de periodismo digital elegible o las opiniones expresadas por su contenido». En otras palabras, los cárteles no pueden excluir a sus miembros de la mesa de negociación por considerarlos demasiado pequeños o porque sus opiniones expresadas se salgan de la corriente política.
Sin embargo, los críticos afirman que los motivos que se permiten para excluir a un medio de comunicación —como la «fiabilidad», el «extremismo», la «desinformación», la «incitación al odio», la «conspiración», la «experiencia», la «autoridad» y otros— podrían permitir a los cárteles de medios de comunicación excluir de las negociaciones a los medios más nuevos o contrarios al establishment, dada la naturaleza relativamente subjetiva de tales criterios.
Críticas de los republicanos
Entre los críticos del proyecto de ley se encuentra el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (R-Calif.), que ha animado a los republicanos a oponerse a la legislación y ha calificado el proyecto de «la antítesis del conservadurismo».
«Los intentos de los grandes medios de comunicación y de los demócratas en el Congreso de confabularse y monopolizar los modelos económicos suponen una tremenda amenaza para la libertad de expresión y la prensa libre», dijo McCarthy a Breitbart News.
«Nunca antes ha estado tan abierta la oportunidad para los medios de noticias de nueva creación como lo está hoy», continuó. «Los estadounidenses tienen ahora más opciones para obtener información y tomar decisiones para sus comunidades y elegir a sus líderes. Esto fortalece la democracia y crea toda una nueva clase de empresarios que también impulsarán el crecimiento del empleo. Como hemos visto en otras industrias, los disruptores hacen que los actores hegemónicos se sientan incómodos y esos actores hegemónicos a menudo están dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener su cuota de mercado y su poder.
«Esto es la antítesis del conservadurismo y los conservadores de la Cámara de Representantes lucharán por un mercado abierto y libre, especialmente uno que promueva la libertad de expresión y la libertad de prensa», concluyó.
El proyecto de ley, que fue presentado por primera vez por los demócratas de ambas cámaras en la primavera de 2021, está previsto que se revise en el Subcomité Judicial del Senado sobre Política de Competencia, Antimonopolio y Derechos del Consumidor el 7 de septiembre.
La senadora Amy Klobuchar (D-Minn.), que preside el subcomité, ha expresado su apoyo a la legislación en el pasado, y parece probable que los demócratas apoyen el proyecto de ley, adelantándolo a una posible votación en el Senado. No está claro si el proyecto de ley, en caso de avanzar, será capaz de reunir el suficiente apoyo del Partido Republicano para superar el umbral de 60 votos del filibusterismo.
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