Un grupo de médicos cristianos ha demandado al estado de California por verse obligados a participar en un suicidio asistido. Uno de los médicos dijo que una ley recientemente enmendada funciona como una agenda política que va fuertemente en contra de su fe y generará todo tipo de problemas para los pacientes.
“Creo que esta es una agenda política, y no debería cruzarse y convertirse en un problema que interfiere con las relaciones médico-paciente”, dijo el Dr. Leslee Cochrane a “The Nation Speaks” de NTD en una entrevista el 5 de marzo. “Y sin mencionar a los frágiles, los enfermos y los ancianos, y lo vulnerable que es ese grupo de pacientes. Creo que esto es un perjuicio tremendo”.
El 22 de febrero, Cochrane y las Asociaciones Médicas y Dentales Cristianas presentaron una demanda (pdf) en un tribunal federal contra el fiscal general de California, el funcionario de Salud Pública y la Junta Médica de California, buscando evitar que la SB 380 entre en vigencia y alegando que infringe los derechos de los médicos en virtud de la Primera y la Decimocuarta Enmienda.
SB 380 es un proyecto de ley que modifica la Ley de Opción para el Final de la Vida, una ley de 2015 que legalizó el suicidio asistido. El 5 de octubre, el gobernador Gavin Newsom promulgó la ley SB 380 que entró en vigencia el 1 de enero de 2022.
«La Asociación Médica Americana identificó correctamente que los médicos que participan en el suicidio asistido están fundamentalmente en oposición directa a su papel como sanadores y sería difícil de regular y controlar. Y veo que esto va a llevar a todo tipo de problemas para los pacientes», dijo Cochrane.
“¿Quién va a vigilar a esos médicos y quién va a saber que esos médicos no están siendo influenciados? El sistema es muy débil”, dijo Cochrane. “En cuanto a las garantías, los pacientes tenían que firmar un papel llamado declaración jurada, diciendo que estaban tomando el medicamento por su propia voluntad. E incluso esa protección muy escasa se ha eliminado en esta última actualización”.
Según la Ley de Opción de Fin de Vida original, los enfermos terminales que quieren poner fin a su vida deben hacer dos peticiones verbales de medicamentos letales con un intervalo de al menos 15 días. También deben hacer las solicitudes por escrito, y deben confirmar su intención de morir firmando un formulario 48 horas antes de autoadministrarse los medicamentos para morir.
La nueva ley reduce los 15 días a 2 días y elimina la petición por escrito y la atestación final, entre otros.
«Por no mencionar el hecho de que… en dos días alguien podría estar sufriendo fuertes dolores, y podría hacer una petición de la que se arrepentiría si hubiera tenido la oportunidad de tener su dolor y sus síntomas bajo control», dijo Cochrane.
Habiendo tratado con miles de pacientes terminales como médico de hospicio, Cochrane dijo que no hay «ninguna razón médica legítima» para ayudar a los pacientes a suicidarse para aliviar su dolor, ya que sus condiciones pueden cambiar en un corto período de tiempo.
“Con frecuencia, cuando hablo con los pacientes, tienen un dolor incontrolable, que solo toma unos pocos días, o a veces una semana, para cambiarlo por completo. Por lo tanto, los pacientes nunca deben tomar decisiones que pongan fin a su vida en un estado de angustia como lo harían si su dolor no estuviera bien controlado”, dijo Cochrane.
«Y yo, como médico, estoy muy preocupado por quién va a salvaguardar a esas personas para asegurarse de que no se les hace pasar por este proceso y se les mete prisa en este proceso que podría ocurrir en 48 horas por parte de otros miembros de la familia que pueden, en su opinión, [pensar] que esto puede ser lo correcto. Pero puede que no sea lo que el paciente quería».
Cochrane dijo que él y otros médicos toman el Juramento Hipocrático para defender y proteger la vida. Pero la nueva ley le exige que documente las solicitudes de los pacientes para terminar con su vida y que envíe esa documentación a otro médico si no está dispuesto a recetar dichos medicamentos.
“Así que estoy siendo forzado y cooptado para recomendar o participar en algo a lo que me opongo firmemente”, dijo Cochrane.
Puede perder su licencia de médico si se niega a hacerlo en virtud de la ley recién enmendada.
“Se enfrentan a todo tipo de consecuencias, hasta la pérdida de su licencia”, dijo la abogada Christy Hirsch a NTD. “Realmente tienen que decidir entre su sustento y el cumplimiento de la ley. Y nunca deberían ser sometidos a esa elección”.
Hirsch es asesora legal de Alliance Defending Freedom, una organización legal que representa a los demandantes en el caso.
El Departamento de Salud Pública de California y la Junta Médica de California le dijeron a The Epoch Times que no comentan sobre litigios pendientes. La oficina del fiscal general no ha respondido a una solicitud de comentarios.
Hirsch también dijo que el suicidio asistido es algo que le causa mucha preocupación.
“Creo que el suicidio asistido realmente crea una cultura en la que la vida se considera prescindible si cuesta demasiado tratarla”, dijo Hirsch. “A veces las personas se sienten presionadas, o de hecho pueden verse presionadas a terminar con su vida prematuramente porque no quieren ser una carga para su familia”.
El suicidio asistido ha sido muy controvertido porque plantea cuestiones relacionadas con la ética y las creencias religiosas. Los partidarios afirman que es una elección compasiva y rechazan el término «suicidio asistido». En su lugar, utilizan “ayuda médica para morir” o “muerte con dignidad”. Tal lenguaje se encuentra en las leyes de nueve estados y el Distrito de Columbia.
Los nueve estados son California, Colorado, Hawái, Maine, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont y Washington.
En Montana, donde no existe tal ley y el suicidio asistido es específicamente ilegal, la Corte Suprema de Montana dictaminó en el caso Baxter vs Montana que la asistencia médica para morir no viola la ley estatal establecida ni los principios de la política pública.
Cochrane dijo que conocía a algunos médicos que renunciarían si fueran obligados a participar en un suicidio asistido. Señaló que no solo la Asociación Médica y Dental Cristiana, otras organizaciones como la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Médica de California, la Asociación de Hospitales de California, se oponen firmemente al suicidio asistido o se oponen a ser forzados a participar en el proceso.
‘Estoy tan feliz de estar vivo’
Lawrence Carter-Long, director de comunicaciones del Fondo para la Educación y la Defensa de los Derechos de los Discapacitados, relató a NTD un caso notable de una señora que había apoyado el suicidio asistido y que más tarde se opuso firmemente a este planteamiento.
“Jeanette Hall de Oregón fue diagnosticada con cáncer en el año 2000. Y le dijeron que le quedaban entre seis meses y un año de vida”, dijo Carter-Long. “Ella conocía la ley de suicidio asistido e incluso le preguntó a su médico al respecto. Pero él la animó a no darse por vencida. Once años después, escribió: “Estoy tan feliz de estar viva. Si mi médico hubiera creído en el suicidio asistido, estaría muerta”. Afortunadamente, Jeanette está viva y bien, feliz hoy más de 20 años después.
“Creo que tenemos que preguntarnos cuántas otras Jeanettes hay por ahí que no conocemos porque estaban presionadas o deprimidas y, como resultado, actuaron apresuradamente. Lamentablemente, no podemos saberlo”.
Carter-Long dijo que las comunidades de discapacitados están en contra de las leyes de suicidio asistido y que los discapacitados corren un mayor riesgo de ser forzados a morir.
“El resultado, como dijimos antes, nunca se puede deshacer”, dijo Carter-Long.
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