La Organización de los Estados Americanos (OEA) alertó este miércoles de un aumento de la violencia en algunos territorios de Colombia y pidió a los grupos armados a concretar y respetar los ceses al fuego con el Gobierno del país.
«Se exhorta a los grupos armados a concretar los respectivos ceses al fuego con el Estado, a establecer treguas entre ellos y a avanzar hacia el cese de todo tipo de hostilidad contra la población civil», afirmó el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA), Roberto Menéndez.
El Consejo Permanente de la institución celebró este miércoles una sesión ordinaria en la que se presentó el XXXIV informe de la MAPP/OEA, el primero presentado con Gustavo Petro como presidente de Colombia, realizado en base a los hechos más relevantes sucedidos entre el 7 de agosto y 31 de diciembre de 2022.
«Las amenazas, los homicidios, la instalación de minas antipersonas, los confinamientos, el reclutamiento de niños, el desplazamiento forzado, la violencia sexual, la imposición de justicia de facto, el control social y la extorsión no han cesado, incluso algunas de estas conductas se han incrementado en algunos territorios», apuntó Menéndez.
La misión constató que «persisten altos niveles de victimización», con «profundos impactos en la población y en el tejido social», añadió.
El pasado octubre Menéndez y la excanciller y exvicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez suscribieron la renovación de la misión hasta finales de 2024 gracias a la firma del octavo protocolo adicional.
El objetivo de la misión, que comenzó en 2004, es observar los avances de los procesos de paz y alertar sobre los principales desafíos a través de sus recomendaciones a la implementación de los acuerdos, de políticas públicas y de las estrategias institucionales y comunitarias que se desarrollan para alcanzar la paz.
En las conclusiones presentadas hoy, la OEA lamentó «que los grupos violentos sigan afectando a la población civil en distintos territorios» y mostró preocupación por los incidentes violentos que han afectado a «entidades nacionales e internacionales» que realizan tareas humanitarias y de paz, especialmente en la región Catatumbo.
Allí, afirmó Menéndez, los funcionarios sufren «interferencias al desplazamiento, amenazas e intimidaciones con armas de fuego y explosivos y robo de vehículos», una situación que afecta directamente a la población.
«La Secretaría General y la misión consideran que estas afectaciones son inaceptables y que no pueden ser objeto de justificación alguna. Es tiempo de detener la violencia y dejar fuera del conflicto armado a la población civil y los actores humanitarios», afirmó.
El Catatumbo, que forma parte del departamento de Norte de Santander, es una de las zonas más pobres y olvidadas de Colombia y una de las más convulsas del país por la presencia de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC, bandas criminales y narcotraficantes. Además es una de las áreas con más cultivos de coca de Colombia.
Menéndez destacó los acercamientos del Gobierno con grupos como las autodefensas gaitanistas, las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada y el Estado Mayor Central (EMC), la federación de frentes disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que nunca firmó el acuerdo de paz de 2016.
En la sesión de hoy también participó el representante de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, quien agradeció el apoyo de la comunidad internacional en el proceso de paz ya que «Colombia no puede emprender esta tarea en soledad».
«Consolidar la paz total no será un esfuerzo de corto aliento, sino un trabajo de generaciones», dijo Vargas, que afirmó que el gobierno de Petro sigue «aferrado a la idea» de «corregir las limitaciones que tuvieron los procesos anteriores» de paz.
«Para llegar a este punto es necesario establecer mecanismos de diálogo y conversación según la naturaleza del grupo armado. Todos los actores violentos deben tener la oportunidad de hacer un tránsito hacia el Estado social y ambiental de Derecho y contribuir a garantizar los derechos de las víctimas», afirmó.
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