La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó este jueves «enérgicamente» el pedido de la Fiscalía de Guatemala para retirar la inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo, y su vicepresidenta, Karin Herrera, por un presunto caso de daños contra el patrimonio de la universidad estatal.
En un comunicado, la OEA «condena enérgicamente la presentación de antejuicios hecha hoy por el Ministerio Público de Guatemala, que incluye al presidente electo del país, Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa, Karin Herrera, así como varios integrantes de los partidos políticos Semilla, VOS y Winaq».
Según ese organismo regional, las decisiones del Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala «constituyen acciones de carácter político que distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo, por lo cual resultan absolutamente improcedentes e inaceptables para un sistema político democrático».
También señaló que la Fiscalía «como institución del Estado se encuentra en violación de lo que establece la Carta Democrática Interamericana».
Por ello, también condena la «continuada persecución política por parte del Ministerio Público, que hoy se extendió contra otros 28 ciudadanos guatemaltecos, y que se suma a la habitual intimidación y el acoso a miembros del Partido Movimiento Semilla, activistas de derechos humanos, académicos, periodistas y otros actores sociales».
Así, la OEA recordó que ayer los Estados miembros «expresaron por mayoría y con claridad sus graves preocupaciones respecto de la criminalización y judicialización del proceso electoral y la persecución política por parte del Ministerio Público» al aprobar una resolución que pide el respeto a la transición de poderes en el país centroamericano porque la considera injusta y poco equilibrada, y a la que Guatemala se opuso.
Este jueves, la Fiscalía de Guatemala afirmó que pedirá el retiro de la inmunidad para el presidente electo y su vicepresidenta por un presunto caso de daños contra el patrimonio de la universidad estatal.
En concreto, acusó a Arévalo y a su vicepresidenta de participar en 2022 en la toma a la fuerza del campus universitario, en rechazo a las elecciones celebradas ese año en la casa de estudios superiores.
Según el fiscal a cargo de la investigación, el presidente electo podría haber cometido los delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita. La acusación detalla que los sindicados utilizaron la toma de la universidad como una «plataforma para sus candidaturas políticas».
Por este mismo caso, la excandidata a diputada del partido Semilla Marcela Blanco fue capturada y se emitió orden de captura contra otras 25 personas, entre ellos exfuncionarios, políticos, estudiantes y profesores universitarios.
El Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, ha sido fuertemente criticado en Guatemala y en el exterior en los últimos meses por intentar intervenir en los resultados de los comicios y buscar cancelar al partido del presidente electo.
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