La Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció este miércoles que el Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala ha pedido al Tribunal Supremo Electoral del país información sobre los voluntarios que trabajaron en la jornada electoral del pasado 20 de agosto en el país.
Según la OEA, la Fiscalía solicitó al Supremo datos sobre los «miembros de las juntas receptoras de votos, miembros del cuerpo de revisores, de los coordinadores de digitadores y de los centros de votación» de las elecciones presidenciales.
Su misión de observación electoral (MOE) en Guatemala señaló en su condena que la «extrema judicialización del proceso electoral» pone en riesgo a la democracia en el país centroamericano.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha indicado el motivo de dichas solicitudes (incluidas algunas que son de dominio público como los centros de votación utilizados el domingo) y a qué caso pertenecen. ´
«Las acciones de todas las autoridades judiciales deben efectuarse sin abuso de autoridad», subrayó la MOE en un comunicado.
Bernardo Arévalo de León, del partido anticorrupción Movimiento Semilla, se impuso en las elecciones del pasado domingo con el 59 % de los votos frente al 37 % de sufragios que obtuvo la ex primera dama Sandra Torres, candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y representante de la política tradicional.
Las denuncias de la OEA llegan un día después de que la Fiscalía solicitara el retiro de la inmunidad para el Registrador de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral por dos presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
El ciclo electoral en Guatemala ha estado marcado por los intentos de la Fiscalía para inhabilitar a Semilla, desde que Arévalo de León pasó por sorpresa a la segunda vuelta el 25 de junio.
En un informe preliminar publicado este martes, la OEA validó los resultados de las elecciones.
El proceso electoral guatemalteco, que inició en enero y culminó el domingo pasado, ha sido el más controvertido en la historia del país centroamericano desde la implantación de la democracia en 1996.
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