Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por varios países del mundo, dijo este jueves que la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, anunciada por el fiscal del alto tribunal, Karim Khan, durante una visita al país caribeño, representa «un avance» para «determinar responsabilidades» de supuestos crímenes de lesa humanidad.
«En Venezuela se han cometido y se siguen cometiendo delitos de lesa humanidad. El anuncio del fiscal Karim Khan de abrir una oficina de la CPI en nuestro país es un avance para determinar responsabilidades y que se haga justicia, algo que hoy no existe para los venezolanos», escribió el líder opositor en su cuenta de Twitter.
Señaló que, después «de años de esfuerzo y sacrificio, la CPI vigilará más de cerca que nunca a la dictadura».
«Esto nos debe alentar a seguir la denuncia, el acompañamiento y los esfuerzos por lograr el cambio en el país. En Venezuela ha valido, vale y valdrá la pena la lucha», expresó el exdiputado, quien insiste en que se han cometido delitos de lesa humanidad, pese a que la CPI ha reiterado que es algo que está por determinar.
Según Guaidó, «la dictadura ha intentado manipular con una falsa reforma judicial para simular justicia», haciendo referencia a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que reduce de 32 a 20 el número de magistrados que componen la alta corte y que fue aprobada en enero pasado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
«En Venezuela no hay justicia ni independencia de poderes, solo estarán garantizadas en democracia y libertad», añadió Guaidó en un corto hilo publicado en Twitter.
Este jueves, el fiscal de la CPI anunció en Caracas que el organismo que lidera abrirá una oficina en Venezuela, tras un acuerdo alcanzado con Nicolás Maduro, con quien se reunió en privado, durante esta semana, en la que viajó al país suramericano tras ser invitado por Maduro.
El caso se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, desde, al menos, abril del 2017, durante las manifestaciones en todo el país.
El tribunal internacional hizo público un informe anual en diciembre de 2020 en el que enumeraba delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre ellos el de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento en violación de las normas fundamentales del derecho internacional.
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