El estado de Ohio dijo a la Corte Suprema el 9 de enero que la ley federal de relaciones laborales no se aplica a las prácticas laborales de las milicias estatales.
El asunto presentado ante el alto tribunal se trata sobre si la Ley federal de Reforma de la Función Pública de 1978, que otorga a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) competencias para regular las prácticas laborales de los organismos federales, regula también las prácticas laborales utilizadas por las milicias estatales.
La administración Biden sostiene que la ley federal otorga derechos de negociación colectiva a los empleados de las milicias estatales.
El caso es Ohio Adjutant General’s Department vs. Federal Labor Relations Authority, expediente judicial 21-1454.
Los demandantes en el caso son la Guardia Nacional de Ohio, el Ayudante General de Ohio y el Departamento del Ayudante General de Ohio. Los demandados son la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) y la American Federation of Government Employees, AFL-CIO Local 3970.
El caso surgió tras la ruptura de las negociaciones laborales entre la Guardia Nacional de Ohio y la Federación Americana de Empleados del Gobierno. Había un convenio colectivo que cubría a los técnicos de la Guardia en 2011, pero cuando el pacto expiró en 2014, las dos partes no pudieron llegar a un nuevo acuerdo, según un resumen de Courthouse News Service.
No obstante, la Guardia siguió adelante con las condiciones de 2011, pero en 2019 cambió su política y decidió no seguir el acuerdo caducado. La Guardia también dejó de deducir las cuotas sindicales de las nóminas de sus técnicos. El sindicato protestó.
El ayudante general de Ohio pidió a un juez de derecho administrativo que estudie el caso y el juez dictaminó que la Guardia había tratado injustamente a los empleados, ordenando a la entidad que siguiera las disposiciones del acuerdo de 2011. La FLRA se mostró de acuerdo con el juez.
El Procurador de Ohio, Benjamin Flowers, dijo a los jueces durante los argumentos orales que la corte inferior se equivocó en el caso.
«El 6º Circuito y la Autoridad Federal de Relaciones Laborales sostuvieron que los ayudantes generales y los guardias estatales, cuando emplean a técnicos, son organismos federales a los que la Autoridad puede dictar órdenes», indicó Flowers.
«Eso es erróneo. La Ley de Reforma define las agencias para incluir los departamentos ejecutivos, las corporaciones gubernamentales y los establecimientos independientes. Los ayudantes generales y los guardias estatales no son ninguna de estas cosas. Ellos no forman parte de las 15 agencias del gabinete que se consideran departamentos ejecutivos. Ellos no son corporaciones gubernamentales porque no son corporaciones. Además, ellos no son establecimientos independientes porque no forman parte del poder ejecutivo», agregó el procurador.
La jueza Ketanji Brown Jackson se manifestó contraria a Flowers.
«De seguro usted no estará diciendo que podemos decidir lo que queramos sin tener en cuenta la intención del Congreso», dijo la jueza más reciente de la Corte Suprema.
A la luz de la ley federal, el argumento de Ohio «no tiene sentido», dijo la jueza Elena Kagan a Flowers.
La jueza Sonia Sotomayor sugirió que la seguridad nacional podría estar en juego en el caso.
«Los asuntos militares se dejan en manos del poder ejecutivo y deberíamos hacer muy poco para interferir en ese proceso», dijo Sotomayor.
El juez Clarence Thomas cuestionó a la abogada del Departamento de Justicia de EE. UU., Nicole Reaves.
«Siempre hay delegaciones del jefe de las agencias en subalternos, pero esos delegados no se convierten en agencias. Pueden ser agentes para un fin limitado. Pueden tener una autoridad limitada delegada desde arriba. Pero no se convierten en una agencia. Yo creo que ese es el punto con el que tengo dificultades».
El abogado del sindicato, Andrés M. Grajales, argumentó que la ley es clara.
«En última instancia, se trata de un desacuerdo político que Ohio puede llevar al Congreso, pero el Congreso, tal y como está hoy, entendió que el asunto estaba zanjado. Ellos entendieron que los Ayudantes Generales y la Guardia Nacional estatal estarían cubiertos, dijo Grajales refiriéndose a precedentes previos de la corte.
Se espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre el caso en junio.
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