Dos hermanos que dirigen un mercado de especialidades somalíes en Columbus, Ohio, han sido acusados de estafar los programas de alimentos del gobierno para los pobres.
Hassan y Abdurahim Nuriso canjearon más de 8 millones de dólares en cupones de alimentos y más de 2 millones de dólares en beneficios para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) entre 2010 y noviembre de 2019.
«El gobierno alega que la mayoría de esos canjes fueron fraudulentos», declaró la Fiscalía de Estados Unidos en el Distrito Sur de Ohio en un comunicado del 21 de febrero.
Los cupones de alimentos, llamados oficialmente Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), dan a más de 36 millones de estadounidenses de bajos ingresos unos 120 dólares por cabeza para alimentos y otras necesidades cada mes. El programa costó más de 58 mil millones de dólares en 2019.
El WIC proporciona a unos 6.4 millones de mujeres y niños beneficios alimentarios, educación sobre nutrición y remisiones a servicios de salud a un costo de más de 5 mil millones de dólares al año.
Los hermanos Nuriso dejaban que los clientes pagaran con sus tarjetas de beneficios los artículos que no eran elegibles, incluyendo productos de higiene, artículos para el hogar, tarjetas telefónicas y combustible de narguile. También cambiaban los beneficios de los clientes por dinero en efectivo y dejaban que los clientes pagaran pequeños préstamos proporcionados por el mercado con esos beneficios, según la acusación del 20 de febrero.
Se enfrentan a cinco cargos que incluyen conspiración para estafar, fraude al SNAP y al WIC, robo de fondos públicos, y «reembolsos de cupones de alimentos ilegales» por un total de hasta 45 años de prisión y hasta cientos de miles de multas.
«El gobierno está buscando decomisar más de 200,000 dólares en este caso. Aproximadamente 18,650 dólares en efectivo fueron confiscados durante una orden federal de registro y confiscación en una de las casas de los hermanos Nuriso en Grove City en noviembre de 2018», dice el comunicado.
Fraude al SNAP
Oficialmente, el fraude representa alrededor del 1.5 por ciento de los beneficios del SNAP, menos de mil millones al año. Pero los propios investigadores del fraude al SNAP del gobierno reconocen que el fraude no se denuncia, según el instituto conservador Government Accountability (GAI), que entrevistó a unas dos docenas de investigadores para su informe sobre el fraude al SNAP de 2018.
«Es difícil determinar un total definitivo, pero se puede decir con seguridad que se trata de miles de millones», dijo anteriormente el presidente del GAI, Peter Schweizer, en una declaración a The Epoch Times.
Los investigadores de fraude al SNAP entrevistados estimaron la tasa de fraude entre «20-30 por ciento», dijo.
Algunas personas abusan del SNAP mintiendo sobre sus ingresos o sobre el número de personas en su hogar para obtener mayores beneficios. Otros cambian los beneficios por dinero en efectivo. Por ejemplo, fingen que compran 50 dólares de comestibles y el dueño de la tienda les da 25 dólares en efectivo, cobra 50 dólares al gobierno y se embolsa la diferencia.
En 2017, 12 propietarios de tiendas fueron acusados en Florida en la mayor redada de fraude al SNAP en su historia, por desviar 20 millones de dólares del programa.
Los fiscales han descubierto casos en los que los estafadores utilizaron dólares del SNAP para comprar drogas, armas e incluso para financiar a terroristas en el extranjero, incluyendo a Al-Qaeda.
Resolviendo el problema
Hay varios obstáculos para descubrir el fraude al SNAP. Primero, no hay suficientes investigadores. La División de Fraude de Asistencia Pública de Florida, por ejemplo, recibió cerca de 24,000 referencias de sospechas de fraude en el año fiscal 2017, pero investigó menos de 2,000 de ellas, según el informe del GAI.
Además, para el enjuiciamiento, la ley exige que el fraude por parte de los beneficiarios se cometa de forma deliberada, lo que significa que el gobierno tiene que probar que una persona sabía que cobraba los beneficios de forma ilegal. Por una parte, esta norma sirve para proteger a las personas que involuntariamente declaran ingresos más bajos. Por otra parte, permite a los estafadores alegar el desconocimiento de las normas para eludir la responsabilidad.
Además, si el empleado del gobierno que emite los cupones para alimentos «podría o debería haber sabido» que un solicitante estaba cometiendo un fraude, se culparía al empleado, no al beneficiario. El incidente se califica entonces como un «error de la agencia» y no se cuenta en las estadísticas de fraude, dijo el GAI.
La administración de Trump ha hecho más estrictos los criterios de elegibilidad del SNAP para los adultos sanos y ha propuesto más restricciones.
La inscripción en el SNAP en general ha disminuido en los últimos años, en unos 6.5 millones en los primeros 34 meses bajo el presidente Donald Trump y cerca de 3.7 millones en los últimos 34 meses bajo el presidente Barack Obama.
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