Oklahoma está a punto de aprobar una ley que permitirá que la inmigración ilegal al estado sea considerada como un delito.
La Legislatura estatal envió este miércoles 24 de abril al gobernador Kevin Sitt, el proyecto de ley HB 1456 que crea el nuevo delito de “ocupación inadmisible” e impone penas de hasta dos años de prisión por ingresar ilegalmente al estado.
En virtud de esta ley, entrar al estado sin un permiso legal para estar en los Estados Unidos equivaldría a un delito menor la primera vez, y se castigaría con hasta un año de cárcel y/o una multa de hasta 500 dólares. Además, el infractor tendría que abandonar el estado dentro de las 72 horas siguientes a su liberación y se le prohibiría volver a entrar ingresar.
Las siguientes infracciones se consideran delito grave y se podrían castigar con hasta dos años de prisión y/o una multa de hasta 1000 dólares, además de ser expulsado del estado en el mismo plazo tras una liberación o una condena.
La ley alega que existe una crisis actualmente en el estado y que “las fuerzas del orden entran en contacto diario y cada vez más frecuentemente con ciudadanos extranjeros que ingresaron al país ilegalmente o que permanecen aquí ilegalmente”.
Señala que muchos de estos inmigrantes ilegales “no tienen en cuenta las leyes de Oklahoma ni la seguridad pública”.
Además, están involucrados en operaciones ilegales de cultivo de marihuana, crimen organizado como los cárteles, producción o distribución de fentanilo, tráfico sexual y tráfico laboral”.
La propuesta fue aprobada por una abrumadora mayoría en ambas cámaras estatales, dominadas por los republicanos.
“Los habitantes de Oklahoma nos eligen para liderar, para protegerlos a ellos y a sus propiedades y asegurarnos de que estemos seguros como estado”, dijo el presidente pro tempore del Senado, Greg Treat (R-OK), según el Consejo de Asuntos Públicos de Oklahoma (OCPA).
Sin embargo, el proyecto de ley generó la oposición de los demócratas.
El senador estatal demócrata Michael Brooks dijo que esta ley tendría un impacto devastador en muchos quienes habrían ingresado al país ilegalmente pero que habrían cumplido la ley en otros aspectos, de acuerdo al OCPA.
Brooks señaló que hay 33,000 inmigrantes indocumentados en el estado que pagan unos 26 millones de dólares anuales en impuestos.
Por tu parte, Kevin Matthews, es otro senador estatal demócrata que alertó sobre los problemas que se podrían crear al expulsar a inmigrantes ilegales dada la escasez de mano de obra en el estado.
Sin embargo, los republicanos defendieron la ley señalando la inacción del gobierno federal.
La senadora republicana Jessica Garvin, dijo que sus abuelos llegaron legalmente a los Estados Unidos “a través del proceso que todos los que inmigran a este país deberían seguir”.
“Este es un tema de seguridad para la gente que vive aquí y es nuestra responsabilidad no dejarlo de lado y fingir que no es un problema, porque sí lo es”, dijo.
Se espera que Sitt, el gobernador republicano que ha expresado su apoyo a la medida, promulgue la ley pronto.
Oklahoma y otros estados controlados por los republicanos están tomando medidas similares a la de Texas, que fue pionero en este tipo de legislaciones estrictas para controlar la migración desenfrenada que aqueja a la frontera sur.
La polémica ley SB4 de Texas se encuentra actualmente en suspenso mientras la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos considera una impugnación que presentó el Departamento de Justicia.
Sin embargo, el gobernador texano Greg Abbott dijo recientemente que continuará los arrestos y la construcción del muro fronterizo.
Esto ocurre mientras la inmigración ha convertido en un tema clave de cara a las elecciones de noviembre.
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