Fiscales generales de 11 estados presentaron el viernes una demanda contra la administración del presidente Joe Biden. Los funcionarios impugnaron la nueva orden de vacunación para trabajadores y empresas con 100 o más empleados.
La demanda, presentada en la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de EE.UU., con sede en Missouri, argumentó que solo los estados tienen el poder de imponer las vacunaciones, no el gobierno federal.
Argumentando que la «orden es inconstitucional, ilegal e imprudente», los fiscales generales encabezados por el fiscal general republicano de Missouri, Eric Schmitt, dijeron que, durante más de un siglo, la Corte Suprema de Estados Unidos ha reconocido que las políticas de vacunación obligatoria se encuentran dentro de los poderes policiales de los estados, y que «son asuntos que no conciernen ordinariamente al gobierno nacional’”.
El jueves, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), del Departamento de Trabajo, publicó una orden que exige que las empresas hagan que sus trabajadores reciban una vacuna anti-COVID o se sometan a pruebas semanales o se enfrenten a fuertes multas de decenas de miles de dólares. La orden, que entrará en vigor el 4 de enero, afectará a decenas de millones de empleados del sector privado.
En un comunicado que anunciaba la medida, Biden dijo que deseaba no tener que recurrir a la orden para imponer más vacunas en todo Estados Unidos. Sin embargo, argumentó que es la mejor manera de sacar a Estados Unidos de la pandemia.
«Como hemos visto con las empresas, grandes y pequeñas, en todos los sectores de nuestra economía, la inmensa mayoría de los estadounidenses optan por vacunarse», dijo Biden en el comunicado. “No ha habido ‘despidos masivos’ ni escasez de trabajadores debido a los requisitos de vacunación. A pesar de lo que algunos predijeron y afirman falsamente, los requisitos de vacunación cuentan con un amplio apoyo público».
Sin embargo, según la demanda del viernes, Schmitt y otros fiscales dijeron que «el gobierno federal carece de autoridad constitucional para emitir esta orden». Arizona, Nebraska, Montana, Arkansas, Iowa, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Alaska, New Hampshire y Wyoming se unieron a la demanda de Missouri.
Schmitt agregó que Missouri tiene alrededor de 3443 empleadores y 1.3 millones de empleados privados que podrían verse afectados por el requisito federal de vacunación.
El fiscal general dijo que la demanda está diseñada «para proteger las libertades personales, preservar los negocios de Missouri y hacer retroceder a los tiranos burocráticos que simplemente quieren poder y control».
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda.
La demanda no es la primera y probablemente no será la última contra la orden de Biden. Apenas unas horas después de que OSHA dio a conocer la regla, otros estados y organizaciones presentaron demandas o anunciaron que presentarían demandas contra la administración.
The Daily Wire, una empresa de medios encabezada por el comentarista Ben Shapiro, presentó una demanda el jueves en un tribunal federal contra la orden de vacunación. Firmas en Ohio y Michigan representadas por un bufete de abogados, entre otros, también presentaron demandas.
Los fiscales generales de Ohio, Kentucky y Tennessee anunciaron que emprenderían acciones legales contra la orden de Biden impuesta a los contratistas federales. La Casa Blanca también retrasó hasta el 4 de enero su orden para que todos los contratistas federales se vacunen, aunque a diferencia del requisito para las empresas privadas, los trabajadores de dichos contratistas no tienen la opción de someterse a pruebas semanales.
«A menos que intervengamos, los contratistas federales en Tennessee se verán obligados a someterse a las muchas inconsistencias de la orden que requieren que toda su fuerza laboral sea vacunada o, en caso contrario, enfrentar una posible lista negra y la pérdida de futuros contratos federales», dijo el procurador general de Tennessee, Herbert H. Slatery III, en una declaración.
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