11 pastores nicaragüenses pertenecientes a una organización cristiana, con sede en Estados Unidos, fueron condenados a prisión a finales de marzo de 2024 por la administración de Daniel Ortega. Al momento, dicha organización está abogando por su inmediata liberación.
El gobierno de Nicaragua encarceló a los pastores desde diciembre de 2023, por presunto lavado de dinero y crimen organizado, y se les ha negado repetidamente reunirse con sus representantes legales o sus familiares. Además, a los abogados no se les ha permitido tener acceso a los expedientes del caso ni a la documentación relevante para actuar en defensa de sus clientes.
La detención sucedió apenas unas semanas después de que la organización realizara con éxito una serie de campañas de evangelización, con el apoyo y asistencia del gobierno, en la que participaron más de un millón de personas en varias ciudades de Nicaragua, según los organizadores.
El 17 de enero, los pastores fueron informados que el Fiscal General de Nicaragua estaba avanzando en la presentación de cargos contra tres ciudadanos estadounidenses asociados con Mountain Gateway —Jon Britton Hancock, Jacob Britton Hancock y Cassandra Mae Hancock, quienes han estado sirviendo como misioneros en Nicaragua desde 2013— y 11 pastores nicaragüenses de Puerta de la Montaña, por una presunta red de lavado de dinero que operaba mediante transferencias electrónicas de Estados Unidos a Nicaragua.
En una entrevista con The Epoch Times en Español, el Sr. Britt Hancock, fundador de Mountain Gateway, se mostró consternado por la situación.
«Registramos nuestro ministerio en Nicaragua en 2015, y en 2018 empezaron las manifestaciones y esos problemas muy fuertes, fue cuando empezaron los abusos muy, muy fuertes contra derechos humanos allá», dijo el Sr. Hancock.
El Sr. Hancock aseguró que los pastores encarcelados son personas humildes que tan solo quieren practicar su fe e inspirar a otras personas a acercarse a Dios. Él trabajó varios años de la mano con cada uno de ellos llevando a cabo campañas evangelísticas en todo el país.
Hancock señaló que la edad de los pastores detenidos oscila entre los 25 y los 57 años.
«Todos ellos tienen familias. Algunos de ellos viven en una aldea que en su casa no tiene luz, no tiene agua y cocinan con leña. Pero todos tienen familias y así es nuestra misión. Trabajamos y nos enfocamos en ganar almas y entrenar pastores de esta manera y entrenarlos y por años y años y años y trabajamos juntos. Ellos crecen y crecen hasta que llegan a la habilidad de predicar y enseñar el evangelio», dijo.
«[Ahora] no hay manera de verificar el estado de salud de ellos y si tienen, por ejemplo, libertad, si tienen Biblia. Lo hemos pedido, pero [el gobierno] no está respondiendo a nuestras peticiones a favor de ellos», exclamó.
El pasado 28 de marzo se llevó a cabo un juicio contra los 11 pastores a puerta cerrada en el Complejo Judicial Central de Managua, en al que no se les permitió participar presencialmente, sino por una transmisión de video en vivo.
Al final, el tribunal emitió una sentencia de entre 12 y 15 años de prisión a los 11 pastores de Puerta de la Montaña, y les impuso una multa de USD 80 millones a cada uno. En total las multas suman casi mil millones de dólares.
Mountain Gateway, por su parte, negó las acusaciones y asegura que cuenta con la documentación que demuestra que ha cumplido los requisitos legales en EE.UU. y Nicaragua aplicables a las organizaciones religiosas y sin ánimo de lucro.
En respuesta al veredicto, el grupo cristiano contactó a ADF International para que lleve la defensa de su caso a nivel internacional.
Kristina Hjelkrem, abogada principal de ADF International aseguró que harán todo lo que esté a su alcance para lograr que los 11 pastores sean liberados y regresen con su familias.
«Esta es una situación especialmente delicada, son 10 hombres, de los 11, 10 son hombres y una es una mujer. Es un matrimonio, metieron al esposo y a la esposa a la cárcel y ellos tienen un bebé que ahora tiene cinco meses, pero en el momento en que los metieron a prisión tenía dos meses, se encontraba en periodo de lactancia», dijo en entrevista a The Epoch Times en Español.
«Comenzamos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su clara especialización en la región y en Nicaragua en particular. Sin embargo, también estamos explorando desde ya los mecanismos disponibles a nivel de la ONU, como por ejemplo, el mecanismo de solicitar una comunicación de la Relatora Especial en materia de libertad religiosa y hablar con el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria. Esto por mencionar unos pocos», añadió.
En respuesta a su solicitud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigió el 1 de mayo al gobierno de Nicaragua que «adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de los 11 líderes religiosos».
«Agradecemos a la Comisión Interamericana su rápida intervención en favor de los 11 pastores y líderes ministeriales; es imperativo que se garantice y proteja su salud y sus derechos humanos. Estos líderes religiosos han sido encarcelados injustamente por su fe, y ya es hora de que las autoridades nicaragüenses los liberen», declaró la abogada principal de ADF International.
La abogada dijo que si Nicaragua hace caso omiso al llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su organización hará un llamado para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos interceda en el caso y otorgue una medida provisional.
«Si el Estado de Nicaragua no cumple con la medida provisional otorgada por la corte, la corte puede ejercer más presión en términos jurídicos. Puede decidir que Nicaragua se encuentra en incumplimiento de una orden internacional de la Corte Interamericana».
Los 11 pastores evangélicos de Puerta de la Montaña son Walner Omier Blandón Ochoa, Maricela de Fátima Mejía Ruiz, Marcos Sergio Hernández Jirón, Harry Lening Ríos Bravo; Manuel de Jesús Ríos Flores, José Luis Orozco Urrutia, Álvaro Daniel Escobar Caldera, Juan Carlos Chavarría Zapata, Juan Luis Moncada, Orvin Alexis Moncada Castellano y César Facundo Burgalín Miranda.
«Al día de hoy la persecución de Nicaragua contra los cristianos es la más hostil que hemos visto en nuestra región este siglo. Creería que definitivamente la comunidad internacional no puede hacer ojos ciegos a esta persecución que están sufriendo los cristianos en Nicaragua», dijo Hjelkrem.
Además, el Sr. Hancock aseguró que ha buscado ayuda de funcionarios del gobierno estadounidense para que intercedan y hagan presión al gobierno de Nicaragua para que libere a los 11 pastores.
«Unos congresistas enviaron una carta al embajador de Estados Unidos en Nicaragua pidiendo respuestas. Hay conversaciones. También el Departamento de Estado está conversando con oficiales», dijo.
En varias ocasiones, el representante Barry Moore (R-E) se ha dirigido al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), desde el pleno de la Cámara en nombre de Mountain Gateway para pedir que se tome alguna acción al respecto.
Otra carta fue enviada al presidente Joe Biden el 14 de marzo por el senador Ted Cruz (R-TX), junto a Rick Scott (R-FL), Katie Britt (R-AL) y Tommy Tuberville. (R-L), instándolo a imponer «sanciones específicas adicionales» y a «usar todas las autoridades disponibles» para responsabilizar al régimen de Managua, que ha perseguido a la iglesia católica desde 2018 y ha expulsado a varias misiones y organizaciones benéficas católicas y cristianas del país, según la misiva.
El caso del obispo Rolando Álvarez
Otro caso de persecución religiosa que ADF International presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue el del obispo de Matagalpa, Rolado Álvarez.
Álvarez había sido condenado a 26 años de prisión por delitos considerados traición a la patria, y fue expatriado junto a otros 17 católicos al Vaticano, en enero de 2024. De acuerdo con declaraciones del obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, Álvarez y los otros religiosos fueron liberados «por la eficacia de la diplomacia Vaticana».
A pesar de su liberación, ADF International continúa su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de lograr justicia para el obispo y sentar un precedente para otros casos similares en Nicaragua.
Nicaragua en los últimos años
Desde los años 60, Nicaragua ha vivido bajo el mando del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), una organización política militar de izquierda inspirada en la revolución comunista cubana.
El FSLN sacó del poder al dictador Anastasio Somoza Debayle, quien gobernó Nicaragua de 1967 a 1979. Se estima que la revolución sandinista cobró la vida de unas 50,000 personas.
El actual gobernante Daniel Ortega liberó a Nicaragua de Somoza y desde entonces ha ejercido el poder junto a su esposa, Rosario Murillo.
Su administración es conocida por someter a sus opositores, controlar los medios de comunicación y reprimir violentamente las protestas antigubernamentales en las calles.
En un informe de febrero de este año, del Grupo de Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que «[la] persecución generalizada constituye crímenes de lesa humanidad, por lo que Ortega y Murillo y los altos funcionarios del Estado identificados, deben ser sometidos a investigaciones judiciales».
Nicaragua ha llamado la atención de diversos organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos desde abril de 2018, lo que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como la número dos, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
The Epoch Times se contactó con el consulado de Nicaragua en México para conocer su postura respecto al caso, pero no obtuvimos respuesta al momento de esta publicación. También se intentó contactar al gobierno de Nicaragua para obtener más información pero no fue posible por medios electrónicos.
Con información de Eduardo Tzompa y Efe
Siga a Yeny Sora Robles en X: @YenySoraRobles
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