El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela (CNDHFCAV), acusaron a la Guardia Nacional Bolivariana de disparar el pasado viernes a los internos del Centro Penitenciario de los Llanos, que presuntamente se manifestaban por falta de alimentos.
En un comunicado oficial, las ONG rechazaron las versiones del Ministerio del Poder Popular de Servicios Penitenciarios sobre un supuesto motín entre los internos así como también un presunto enfrentamiento contra los custodios del penal debido a que no encontraron indicios de una posible fuga.
El incidente ocurrido en el penal ubicado en la ciudad de Guanare, estado de Portuguesa dejó al menos 47 muertos y otros 75 heridos. Familiares de las víctimas señalaron que los internos reclamaban la recepción de los alimentos retenidos por oficiales chavistas, hecho por el cual fueron reprimidos violentamente al intentar acercarse al área administrativa de prevención y autoridades.
“Expresamos en momentos de profundo dolor, nuestras sinceras condolencias a los familiares de los privados de libertad que perdieron la vida a manos de las personas encargadas de su custodia y protección en nombre del gobierno de facto. Igualmente, ofrecemos nuestro acompañamiento para exigir justicia y respeto a los derechos humanos ante instancias nacionales e internacionales”, señala el documento.
Las ONG denunciaron las condiciones de hacinamiento del Centro Penitenciario de los Llanos que al momento de los hechos tenía 2500 reclusos sobrepasando su capacidad instalada de 750 personas, un 333 por ciento más de los estándares internacionales para evitar la propagación del virus del PCCh, que causa la enfermedad COVID-19.
También exigieron que se publique a la brevedad la identidad completa de las víctimas y una investigación exhaustiva para enjuiciar a los presuntos responsables de la muertes y lesiones de los presos.
Además pidieron la intervención de la alta comisionada de las Naciones Unidas, así como otras organizaciones internacionales de derechos humanos para exigir justicia y la no repetición de los hechos.
El pasado sábado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a las autoridades a iniciar una “investigación seria, imparcial y efectiva”, para determinar la verdad y enjuiciar a los presuntos responsables del enfrentamiento en la cárcel de Guanare, estado de Portuguesa.
María Beatriz Martínez, diputada por el estado de Portuguesa del partido Primero Justicia y residente de Guanare, la capital de esa región, denunció el sábado a través de su cuenta de Twitter que el incidente no fue intento de fuga sino una orden para reprimir a los prisioneros que estaban protestando por ver a sus familiares y tener acceso a alimentos.
“La violación de DDHH en Venezuela es extrema, familiares denuncian que no van a entregar los cuerpos y luego ‘ellos nos dicen dónde los enterraron’”, escribió Martínez en su cuenta de Twitter y agregó que según la información de los familiares todos los muertos en Guanare serán enterrados en una fosa común.
Por su parte, el secretario general de la OEA acusó al régimen chavista señalando que la masacre dentro del penal “es otra inaceptable forma de tortura de la dictadura”.
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