En un comunicado conjunto, Observadores de Derechos Electorales, Comisión Cubana de Defensa Electoral y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales denunciaron «anomalías» de la ley electoral, empleo de tácticas de «coacción» y acciones de «represión» contra activistas y observadores independientes.
Las tres asociaciones, que aseguran tener experiencia en observación electoral dentro y fuera de Cuba, apuntaron que estas prácticas contribuyen a «la sensación ciudadana, que comienza a aflorar, de que las cifras oficiales de participación no concuerdan con el comportamiento real del electorado».
Consideraron que los datos avanzados por el Consejo Electoral Nacional (CEN) «no parecen corresponderse con la rigurosa observación independiente, con los testimonios espontáneos de la ciudadanía y con la profusión de imágenes, índices todos en la dirección de mostrar la baja participación ciudadana en la votación a lo largo del país».
La CEN indicó en su última comunicación que la participación había superado el 70 %, sin dar más detalles sobre regiones o candidatos. Se prevé que este lunes se difundan datos preliminares.
En estas parlamentarias se presentaban 470 diputados -para el mismo número de plazas-, que habían sido seleccionados por organizaciones de la órbita del Partido Comunista de Cuba (PCC), el único legal en la isla. No había opositores ni observadores internacionales.
Represión, anomalías y coacción
«Se desató una represión contra activistas y observadores que pretendían monitorear el proceso electoral y participar del escrutinio, tal y como autoriza y respalda la ley», indicó el comunicado, que habló de detenidos, sitios domiciliarios, amenazas e incluso golpes.
Las ONG denunciaron la normalización de «anomalías de forma, violatorias de la Ley Electoral» como padrones electorales no publicados a tiempo, colegios electorales sin censos a la vista, colegios donde votaban personas no inscritas y locales donde no se permitía votar a todos los registrados.
También criticaron el abuso de «la práctica excepcional de llevar las boletas a las casas de los electores, una forma de coacción del voto a través de un procedimiento concebido para las personas con discapacidad o que por circunstancias específicas no pueden acudir a los centros de votación».
Subrayaron que médicos y pacientes denunciaron «coacción por el voto» en hospitales, y lugares de trabajo donde se confeccionaron «listas previas de compromiso con el voto» y donde se forzaron cambios en los horarios para favorecer los comicios. También el uso de niños para promover la participación electoral.
Señalaron asimismo el empleo de «promesas de beneficios materiales», como la puesta en marcha de concursos de participación y la celebración de ferias y mercados para incitar al voto.
Las ONG consideraron que haber negado el «ejercicio de escrutinio ciudadano e independiente» en estas elecciones «arroja serias dudas sobre los resultados que se ofrecieron a lo largo de la votación».
Como observadores independientes, concluyeron «preliminarmente» que las autoridades electorales cubanas «no han respetado los marcos y procedimientos» legales «al país y a la auténtica voluntad de las y los electores».
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