La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) denunció este jueves que la persecución contra la prensa y la negligencia del régimen frente a la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), también conocido como nuevo coronavirus, son dos de las graves violaciones a los derechos humanos en los que ha incurrido el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, en 2020.
Estas denuncias se recogen en el informe de labores de 2020 de la ANPDH, cuyos principales dirigentes se encuentran exiliados en Costa Rica desde 2018, cuando comenzó una crisis sociopolítica a raíz de las protestas contra el régimen de Ortega, que respondió con una dura represión.
«Se destacan violaciones a los derechos fundamentales de los nicaragüenses, incluyendo la actitud negligente del régimen Ortega Murillo frente a la pandemia de la covid-19 y con los migrantes nicaragüenses que regresaban al territorio nacional, procedentes de Panamá y Costa Rica, a quienes por varios días se les negó el derecho constitucional y humano de ser admitidos en la tierra que los vio nacer», dijo el presidente de la ANPDH, Roberto Solórzano.
El informe de la organización también señala que la Iglesia católica de Nicaragua ha sufrido «la profanación de templos, destrucción de imágenes sagradas, acoso, insultos y amenazas a sacerdotes y laicos, entre otras vejaciones a la dignidad humana y la integridad física de los religiosos».
En cuanto a la prensa, Solórzano detalló que han existido violaciones a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y al libre acceso a la información pública, además de agresiones físicas a periodistas y comunicadores independientes.
«La ANPDH se ha mantenido firme en condenar el aumento de la escalada represiva del régimen Ortega Murillo en contra de la prensa independiente, represión reflejada en la injustificada confiscación del Canal 12, el hostigamiento y acoso contra el Canal 10, contra Radio Corporación, el diario La Prensa y otros medios independientes», dijo Solórzano.
El informe de la ANPDH también señala violaciones a los derechos humanos de los presos políticos y de los campesinos, y denuncia la invasión de colonos en territorios indígenas, crímenes y secuestros «con la complicidad del Gobierno de Nicaragua».
«Hubiésemos deseado reacciones más ágiles y contundentes de parte de la comunidad internacional frente a la tragedia política, social y humanitaria de los nicaragüenses», lamentó Solórzano.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva, aseguró que en Nicaragua existe una «crisis permanente de los derechos humanos» y auguró que «vienen tiempos difíciles para ese país».
«Vienen tiempos difíciles en los cuales el régimen, en su desesperación, utilizará toda su estructura y organización para deslegitimar el trabajo de organismos y defensores de derechos humanos y de las acciones que evidencian las violaciones a los derechos humanos», afirmó.
Leiva agregó que Nicaragua «se acerca a la posibilidad de un ejercicio electoral» en 2021, pero aseguró que «no existen las condiciones básicas que permitan un proceso transparente, apegado a los principios de legalidad y a la voluntad soberana del pueblo».
El dirigente afirmó que en Nicaragua hay actores políticos que están siendo reprimidos y asediados, pues «el régimen se quiere perpetuar en el poder de manera ilegal y en contra de la voluntad soberana del pueblo».
La crisis sociopolítica que vive Nicaragua estalló en 2018, luego de que cientos de personas murieron en ataques armados de policías paramilitares contra multitudinarias manifestaciones antigubernamentales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calculó en 328 las víctimas mortales. Organismos humanitarios han establecido en 684 los fallecidos desde 2018. Y Ortega admite solo 200.
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