Las ONG Prisoners Defenders, Civil Rights Defenders y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) dieron a conocer este miércoles nuevas violaciones de los derechos humanos de médicos y otros profesionales cubanos enviados en misiones internacionales, durante un evento organizado por videoconferencia por diputados liberales del Parlamento Europeo.
Las organizaciones presentaron la tercera ampliación de la denuncia de esos abusos remitida inicialmente en 2019 a la Corte Penal Internacional (CPI) y la ONU, con “los testimonios de profesionales cubanos en el exterior que han sido sometidos a graves injusticias, persecución, esclavitud, amenazas, violencia, acoso, separación familiar”, indicó la eurodiputada liberal Dita Charanzová, una de las organizadoras del evento.
Según explicó, cuentan con “muchas pruebas” de que médicos, artistas, arquitectos o marinos fueron “usados por el régimen como propaganda para demostrar la denominada solidaridad con otros países” cuando, apuntó la eurodiputada checa, “esto no refleja la realidad de las intenciones del Gobierno cubano”.
El informe, al que tuvo acceso Efe, amplía denuncias previas de Prisoners Defenders tanto a nivel cuantitativo (al añadir cerca de 500 testimonios más) como cualitativo (al aportar nuevas pruebas documentales).
La denuncia inicial de 2019 con 110 testimonios ya había sido ampliada dos años después hasta llegar a 622, mientras que con la aportación actual suman 1.111.
Charanzová afirmó que estos profesionales “trabajan bajo condiciones de vida y trabajo horribles, formas contemporáneas de esclavitud”, y que su envío a otros países en misiones exteriores conforma “la mayor partida de ingresos del régimen cubano”.
“Los gobiernos que reciben estos servicios de Cuba deben ser firmes y exigir cambios. Decir no a la esclavitud y al trabajo forzoso”, pidió.
Pedido a la Unión Europea
La eurodiputada también recordó que la Unión Europea va a presentar próximamente una legislación sobre gobernanza empresarial sostenible y, en ese contexto, solicitarán «considerar también la situación de los trabajadores cubanos en misiones internacionales”.
Por otra parte, señaló que el acuerdo bilateral de diálogo y cooperación entre la UE y Cuba “no está funcionando”, por lo que instó a suspenderlo y a aplicar sanciones contra responsables cubanos en el marco legal de la Unión para imponer medidas restrictivas por violaciones de los derechos humanos.
En su opinión, el alto representante comunitario para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, “no ha puesto nada de presión para que el régimen (cubano) cumpla con el acuerdo”.
Charanzová confió en que “se abra la investigación oficial en la CPI lo antes posible” sobre este caso, mientras que el responsable de Prisioners Defenders Javier Larrondo recordó que, aunque Cuba no sea firmante del Estatuto de Roma constitutivo de la CPI, donde se han producido los abusos es en “más de 58 países” que sí están adheridos a ese tribunal.
“El acuerdo de diálogo y cooperación con Cuba tenía que avanzar hacia una democracia real y garantizar derechos fundamentales, pero podemos concluir que nada de esto está funcionando”, comentó el eurodiputado liberal Jordi Cañas.
Indicó que “desde el Parlamento Europeo debemos marcar un plazo para que haya una corrección o un avance en estos objetivos”.
Por su parte, el también liberal Javier Nart habló de la situación de “siervos” de estos trabajadores, que han sufrido «tortura y malos tratos inhumanos y degradantes”, y señaló la necesidad de “poner fin inmediatamente a la política de represión que sustenta la cultura del miedo” en Cuba.
Misiones de internacionalización
Las misiones de internacionalización del régimen cubano son programas para llevar profesionales de su país a trabajar a otras naciones.
La iniciativa está identificada con los contingentes de médicos que durante décadas y hasta el comienzo de la pandemia había llevado a más de 400.000 profesionales a 164 países.
Pero en estos programas, además de médicos, también participan músicos, marinos, ingenieros, deportistas y profesores.
En una encuesta de estas ONG a 894 denunciantes anónimos, el 75 % afirma que no fue voluntariamente a las misiones y un 13 % alega coerción. Además, un 87 % aseguró que influyeron factores económicos en su decisión y el 66 % apuntó la falta de alternativas para escapar de precariedad en la isla.
El informe aporta además pruebas documentales de la llamada ley de los ocho años, que prohíbe la entrada en Cuba durante ese período de tiempo a aquellos profesionales que abandonen antes de tiempo su misión o no regresen al concluirla.
Las ONG han conseguido, entre otros documentos, un certificado consular que detalla la declaración de «desertor» y otro que ratifica la prohibición de entrada en su propio país a un ciudadano cubano.
El régimen cubano negó por su parte en un escrito a Naciones Unidas en 2020 cualquier relación entre sus misiones y la trata, la esclavitud o el trabajo forzoso.
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