La ONG Prisoners Defenders elevó este miércoles a 1046 el número de personas en cárceles cubanas que considera como presos políticos, un 86 % de los cuales están detenidos tras las protestas contra el régimen del 11 de julio pasado.
De acuerdo con los datos recopilados por la organización, con sede en Madrid, del 1 junio de 2021 al 31 de mayo de 2022 se registró un total de 1236 presos políticos. Todos ellos han sufrido algún tipo de tortura, según Prisoners Defenders.
La cantidad arrojada en el documento sube en 31 con respecto al documento presentado el pasado 5 de mayo.
En el informe se señala que 37 de los procesados son menores de edad –la edad penal mínima en Cuba son los 16 años– y 134 son mujeres (muchas de ellas con hijos de corta edad). Dichas detenciones se han producido en medio de “violaciones frontales de la legislación internacional en materia de debido proceso y defensa efectiva”.
Prisoners Defenders hace un repaso negativo en los juicios que se han ido desarrollando desde finales de 2021 en contra de los manifestantes del 11J y ha censurado que en los procesos estén plagados de “violaciones flagrantes del debido proceso y el derecho a la defensa”.
Durante los juicios, “los acusados solo han podido contar con abogados dependientes del Gobierno”, no han tenido “acceso a la causa y el expediente completo de su acusación” y no se ha permitido a acceso a «organismos internacionales y diplomacia de más de 27 países, que lo han solicitado”.
La ONG apunta que 168 manifestantes del 11J han sido procesados por el delito de “sedición”. Además de que 726 prisioneros políticos ya han sido sentenciados, de los cuales 246 cuentan con penas firmes de 10 años o más.
Por su parte, las autoridades cubanas niegan que en el país haya presos políticos y aseguran que los juicios tienen que ver con “actos vandálicos”.
La Fiscalía General aseguró en enero que se han procesado por las protestas a 790 personas, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años.
Por otro lado, la ONG Justicia 11J situó a finales de mayo en 564 el número de personas juzgadas por estas protestas.
Familiares de los condenados y organizaciones no gubernamentales han criticado el juicio, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas.
Por su parte, el Tribunal Supremo Popular de Cuba asegura que se ha observado el debido proceso en todas las causas abiertas a raíz de las protestas del 11J.
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