La organización Amnistía Internacional (AI) y el colectivo Seguridad Sin Guerra exigieron este lunes al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no deslindar al Ejército de violaciones graves a derechos humanos ocurridas en el país en décadas anteriores, como la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968.
Precisamente el pasado 2 de octubre, López Obrador reivindicó al Ejército mexicano en el 55 aniversario de la matanza del 2 de octubre, cuando los militares tuvieron un papel fundamental en la masacre de cientos de estudiantes.
“Considerar que en esos momentos difíciles como el 68, el 2 de octubre del 68, que no se olvida, el Ejército recibe órdenes. El Ejército actúa, en casos como esos, no en todos los casos pero sí en casos como esos, recibiendo órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en ese entonces era el presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970)”, argumentó el mandatario.
Conocida como Matanza de Tlatelolco, más de 300 estudiantes murieron en una masacre del Ejército y su grupo paramilitar Batallón Olimpia contra una manifestación pacífica, que ocurrió 10 días antes de los Juegos Olímpicos de 1968.
Ante esa declaración, este lunes, AI y el colectivo Seguridad Sin Guerra recordaron en un comunicado que «la actuación de las Fuerzas Armadas, principalmente, el Ejército, durante el periodo de mediados de los 60 hacia los 80 y, más aún, ahora que se encuentran desplegados masivamente en tareas de seguridad pública, ha implicado violaciones muy graves a derechos humanos».
Algunas incluso dijeron «con características de delitos de lesa humanidad» por cumplir supuestos de generalizadas y sistemáticas, entre ellas, detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza, que no pueden ser olvidadas ni protegidas.
En el texto, ambas ONG expusieron que las declaraciones del presidente López Obrador «parecen exonerar al Ejército de su responsabilidad en las violaciones graves a derechos humanos que han cometido», usando dos argumentos inaceptables.
Uno, la obediencia debida, argumento de regímenes autoritarios para exculpar a las instituciones castrenses y decisiones de política de Estado en la comisión de atrocidades, y dos, decir que estas acciones y decisiones represivas para mantener los pactos deliberados de impunidad crónica y sistémica son «errores» cometidos por agentes de las Fuerzas Armadas.
Recordaron que los estándares internacionales de derechos humanos, así como la Constitución mexicana, establecen claramente que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe ser: subordinada, complementaria, regulada, extraordinaria y fiscalizada.
Precisaron que estos criterios actualmente no se cumplen y violentan el mínimo control constitucional que se les ha impuesto, lo cual pone en riesgo la transparencia y rendición de cuentas que es exigible a cualquier institución del estado.
Ante ello, exigieron a López Obrador, titular del Ejecutivo federal, que «asuma la responsabilidad constitucional que le atañe y respete el dolor causado a las víctimas» de las violaciones graves a derechos humanos perpetradas por las fuerzas militares durante la masacre de 1968 y años posteriores.
«Es necesario reconocer que fue parte de una deliberada represión a la disidencia política y social», señalaron al tiempo que solicitaron el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles y advirtieron que ya son más de 261.000 agentes en tareas civiles.
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