Varias organizaciones no gubernamentales exigieron, una vez más, la liberación de la activista venezolana Rocío San Miguel, quien cumple este sábado un mes detenida, acusada de su presunto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra Nicolás Maduro.
El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, dijo a EFE que la también abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano aún «no ha podido nombrar abogados», lo que representa «otra violación» a sus derechos.
Además, aseguró que a San Miguel se le ha violado su derecho a la presunción de inocencia a través de una «campaña comunicacional enorme, gigantesca, que se ha lanzado desde los medios del Estado, tratando de hacer una condena anticipada contra alguien que ni siquiera ha podido nombrar a los abogados de su confianza».
«Exigimos que se respeten sus derechos», insistió Daniels.
En X, Un Mundo Sin Mordaza expresó que «defender derechos humanos no es un delito», por lo que exigió la «liberación inmediata» de San Miguel, detenida «injustamente», y la de «todos los presos políticos» que, según la ONG Foro Penal, son 264 personas, de las cuales 19 son mujeres.
En esa red social, la organización Provea también abogó por la liberación de la activista, quien «sigue sin poder tener contacto con sus abogados».
El fiscal general, Tarek William Saab, dijo el 19 de febrero que San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países, que no especificó.
Más de 200 organizaciones y 415 miembros de la sociedad civil de Venezuela rechazaron la «detención arbitraria» de la activista, arrestada en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
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