La ONG Justicia Venezolana denunció este lunes que, al menos, 13 reos considerados «presos políticos» fueron trasladados del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde a cárceles comunes, lo que supone un «riesgo» en la continuidad en su proceso de juicio.
La directora de la organización, Lilia Camejo, explicó en un comunicado que los traslados se hicieron de «manera arbitraria» y sin haber notificado al juez, familiares y abogados.
Camejo precisó que, de los 13 «presos políticos» trasladados desde la cárcel de Ramo Verde, cuatro fueron llevados a la prisión Rodeo II, tres al Rodeo III y seis a Yare III.
La ONG explicó que estos reclusos son los que presuntamente asaltaron una base militar el 6 de agosto de 2017, conocida como Fuerte Paramacay, al norte del estado central de Carabobo, en el norte de Venezuela.
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este hecho como un «ataque terrorista» y en ese momento pidió extremar las medidas de seguridad en las instalaciones castrenses de todo el país.
La organización dijo que el juicio comenzó en el Circuito Judicial Penal de Carabobo, pero la distribución de los presos en al menos cinco cárceles diferentes y alejados de la circunscripción donde se cumple el proceso puede «ocasionar la interrupción del mismo».
“Con esa distribución de los acusados en ese caso, se ve muy cuesta arriba que vaya haber una coordinación adecuada con respecto a los traslados a la sede del tribunal para la continuación del juicio”, sentenció.
Justicia Venezolana añadió que el proceso judicial empezó en mayo del año pasado en tribunales militares, pero posteriormente fue cambiado a la jurisdicción ordinaria tras la reforma del Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), por lo que comenzó de nuevo.
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