Una investigación del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua reveló el jueves una sombría realidad: la situación de los derechos humanos en el país centroamericano empeoró en 2023.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua es un organismo independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Fue establecido en marzo del 2022 para realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.
De acuerdo con el informe, el régimen de Nicaragua sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por razones políticas.
“El presidente [Daniel] Ortega, la vicepresidenta [Rosario] Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional, al igual que Nicaragua como Estado que persigue a su propio pueblo, apuntando a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas”, afirmó el presidente del Grupo, Jan Simon.
El informe señaló que la persecución por parte del gobierno de Nicaragua de personas opositoras reales o percibidas como tales se ha vuelto más sutil. Por ejemplo, -indicó el texto- se perpetran violaciones, abusos y crímenes no sólo para desmantelar los esfuerzos activos de la oposición, sino también para eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social.
«Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de toda forma de oposición política, real o percibida, tanto en el interior como en el exterior (…) Además, el gobierno ha consolidado una espiral de silencio que incapacita a cualquier oposición potencial», afirmó el experto independiente Jan Simon.
El régimen de Ortega ha repetido que las multitudinarias manifestaciones de 2018 fueron un golpe de Estado fallido orquestado por Estados Unidos, y suele responder con el mismo argumento a las críticas.
De acuerdo con la investigación, la persecución se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua, argumentando que los nacionales nicaragüenses opositores residentes fuera del país son privados de su nacionalidad, lo que les convierte en apátridas sin derecho a recursos jurídicos.
De acuerdo con el reporte, la represión ha traspasado las fronteras del país y alcanzó a los cientos de miles de personas que huyeron de ella, principalmente a Estados Unidos y Costa Rica. Cientos de nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad y ahora son apátridas, por lo que no pueden acceder a los derechos fundamentales.
A su vez recalcó que los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos son objetivo del régimen sólo por estar relacionados con opositores reales o percibidos como tales. Estas “violaciones por extensión” son particularmente graves cuando se trata de niños y niñas, aseguró la experta Ángela Buitrago.
El informe de la ONU instó al régimen de Ortega a poner en libertad a los ciudadanos detenidos “de forma arbitraria” y pidió a los líderes mundiales que amplían las sanciones a “individuos e instituciones implicados en violaciones de los derechos humanos”.
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