La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH) hizo seis observaciones preliminares al proceso judicial en contra de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, en el que se le condenó a 10 años de cárcel por el caso «golpe de Estado II».
La misión técnica de la OACNUDH indicó este sábado a través de un comunicado que realizó una observación del proceso judicial contra Áñez y las otras exautoridades policiales y militares, que luego de 28 sesiones también fueron condenados en el caso conocido como «golpe de Estado II».
La Justicia determinó 10 años de cárcel para Áñez por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, mientras que a los ex altos mandos militares y policiales tienen desde cuatro a tres y dos años de cárcel.
«La observación se realizó a invitación de las autoridades competentes y tras ser aceptada por el Órgano Judicial y las partes del proceso», señala el comunicado de la OACNUDH.
Además enfatiza que se centró en «observar el respeto del debido proceso y la transparencia en los procedimientos judiciales, sobre la base de las normas, estándares y jurisprudencia internacionales», señala el boletín.
«La observación no examina la evaluación de hechos y pruebas llevadas a cabo por el Tribunal. Tampoco es objeto de la observación comentar o refrendar las conclusiones del Tribunal sobre la responsabilidad penal de los acusados», detalla el comunicado.
Observaciones
La primera observación es al tipo penal de «incumplimiento de deberes» que consideran que es «incompatible con el principio de legalidad recogido en varios tratados de derechos humanos, por ser excesivamente amplio y ambiguo».
La segunda observación va entorno al «uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva como medida cautelar» que además de ser un «desafío estructural en el país», observaron que en este proceso hubo una «acumulación de detenciones preventivas por los mismos hechos bajo diferentes delitos».
También observaron el formato de las audiencias de este juicio que fueron híbridos, entre virtuales y presenciales, por la pandemia de la covid-19, que tuvo un «impacto» en el acceso físico de la audiencia al público en general, como también a los medios de comunicación, al igual que a los propios acusados.
«Sobre todo afectó a las tres personas acusadas en detención preventiva que solo estuvieron presentes en las audiencias de manera física cuando el Tribunal se desplazó a los centros penitenciarios para tomarles la declaración inicial y final», señala el comunicado.
También indicaron que las cuatro personas declaradas en rebeldía accedieron a la defensa pública, pero se «enfrentó con dificultades para desarrollar una estrategia de defensa técnica idónea y para acceder a información relevante».
Asimismo cuestionaron la decisión del tribunal que llevó a cabo este proceso de «no exigir la comparecencia de testigos» que afectó a las partes «en sus derechos procesales».
Por último hace referencia a la «participación de numerosas partes acusadoras» en este caso como la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno, entre otros, que afecta en el «equilibrio procesal».
El comunicado reiteró que estas observaciones «no afectan la independencia judicial» y que reflejan algunos de los «desafíos estructurales del sistema de justicia que requieren una respuesta integral basada en el enfoque de los derechos humanos».
Áñez está detenida preventivamente hace más de un año y debe enfrentarse a otros procesos que cursan en su contra en la Justicia ordinaria.
La defensa de la expresidenta transitoria apelará esta determinación y cuestionó que se haya vulnerado los derechos de Áñez en este proceso en el que no tomaron en cuenta varias de sus pruebas y que no llamaron a varios de sus testigos, por lo que acudirán a tribunales internacionales.
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