La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ACNUDH) expresó el martes preocupación ante las medidas que restringen “indebidamente” el espacio cívico y democrático en Venezuela, en el contexto de las elecciones presidenciales que serán celebradas en julio.
Nada Al-Nashif, Alta Comisionada adjunta para los DD.HH. de la ONU, se refirió a casos de “detención, intimidación y estigmatización” de miembros y simpatizantes de partidos de la oposición y recordó que los derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y asociación son condiciones esenciales para los procesos electorales.
“Reitero los llamados anteriores para que los procesos electorales nacionales de Venezuela sean transparentes, inclusivos y participativos”, dijo Al-Nashif en nombre del Alto Comisionado, Volker Türk, durante una actualización oral sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela ante el Consejo de DD.HH. de la ONU.
En ese sentido, llamó a que se “apliquen de buena fe” los acuerdos sobre garantías electorales firmados por el régimen y la Plataforma Unitaria de la oposición venezolana en Barbados.
Suspensión oficina ACNUDH
Al-Nashif reiteró preocupación por la decisión del régimen venezolano de suspender las actividades de la oficina del ACNUDH en Venezuela y aseguró que desde su instalación terreno se produjeron “cambios positivos”, pero advirtió que “aún queda mucho por hacer”. En ese sentido dijo esperar que la oficina pueda reanudar su labor.
A mediados del mes pasado el régimen de Venezuela decidió suspender las actividades de la oficina ACNUDH en Caracas, acordada en 2019, y ordenó la expulsión de los funcionarios en el terreno, argumentando que la institución no se ha mostrado como un ente parcial.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, dijo en ese entonces que su país revisaría los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento firmada con esa oficina.
La decisión del régimen de Maduro se produjo luego de que, tras la detención de la activista de DD.HH. y experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, Turk dijo que debido a que en ese entonces su paradero era desconocido, podría calificar como desaparición forzada, una versión rechazada por la fiscalía venezolana.
ONG y desapariciones forzadas
Al-Nashif, llamó al régimen a abstenerse de adoptar un proyecto de ley que según representantes de la sociedad civil busca “aniquilar” la autonomía de las ONG y que fue aprobado en primera discusión por el Parlamento de mayoría chavista.
También precisó que desde enero de 2023 el ACNUDH ha documentado 18 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad.
“Estas personas fueron detenidas por funcionarios del Estado y permanecieron incomunicadas durante horas o incluso semanas. Durante ese período, hubo una negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento del destino o su paradero”, dijo.
La oficina del ACNUDH, sin embargo, reconoció los esfuerzos de las autoridades venezolanas para combatir la criminalidad y reducir las tasas de homicidio en el último año. Además, recibió con beneplácito una sentencia contra un exfuncionario de seguridad implicado en un caso de muerte en un operativo de seguridad en 2018.
“Hago un llamado a las autoridades para que se intensifiquen sus esfuerzos para hacer frente a la impunidad en todos los casos de violaciones de derechos humanos”, continuó Al-Nashif.
Aunque reconoció que existen signos de crecimiento económico en los últimos dos años, la oficina del ACNUDH subrayó que el acceso a la salud, alimentación y educación siguen enfrentando desafíos estructurales.
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