La principal fuerza opositora en el Parlamento boliviano, Comunidad Ciudadana (CC), del exmandatario Carlos Mesa, anunció este martes la presentación de una proposición acusatoria para pedir un juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce por ratificar a un ministro censurado por el Legislativo.
Los diputados de CC Enrique Urquidi y Luisa Nayar informaron a los medios sobre la propuesta justificando que la decisión de la Asamblea Legislativa de censurar al ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, fue «desconocida y burlada por el presidente Luis Arce» al ratificarlo en el puesto.
«Ante esta flagrante comisión de un delito de resoluciones contrarias a la Constitución, la bancada parlamentaria de CC está oficializando la presentación de esta proposición acusatoria en contra de Luis Arce», señaló Urquidi.
Con esta acción, los parlamentarios opositores buscan «exigir respeto a la institucionalidad de la Asamblea Legislativa» y demandar a Arce «que cambie de actitud», afirmó el diputado.
Urquidi indicó que se aguardará a que «comience a regir y a tramitarse» el procedimiento establecido en la ley para el juzgamiento de presidentes, vicepresidentes y altas autoridades del órgano Judicial y el Ministerio Público.
La citada norma, promulgada en 2010, establece que una proposición acusatoria para un juicio de responsabilidades debe presentarse ante la Fiscalía boliviana y que esa institución tiene 30 días hábiles para rechazarla o formular un «requerimiento acusatorio».
Si el Ministerio Público ve que hay «materia justiciable», requerirá ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el enjuiciamiento, que deberá ser enviado al Legislativo para que lo autorice.
La diputada Nayar sostuvo que la Fiscalía y el TSJ «deben actuar conforme a ley», admitir la proposición y remitirla al Parlamento «para que se someta a votación», como indica la norma.
Según Nayar, la proposición alcanza también a Del Castillo y a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, al considerar que ambos «se han visto envueltos» en las polémicas por el tráfico de vehículos robados en Chile que después se vendían en Bolivia, el tema por el que el ministro de Gobierno fue censurado.
Del Castillo fue censurado el 27 de junio por 101 de los 144 legisladores que acudieron a la interpelación propuesta por parlamentarios opositores y que se dio en medio de las tensiones internas en el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
La censura, que implica la destitución de la autoridad según la Constitución, fue respaldada por los legisladores de CC, los de la también opositora Creemos y los del bloque «evista», es decir, los oficialistas cercanos al expresidente Evo Morales, lo que fue visto como una «traición» por los llamados «arcistas» o afines a Luis Arce.
El 29 de junio, Arce destituyó y después ratificó a Del Castillo en el cargo amparándose en que la carta magna le otorga la atribución exclusiva de designar a sus ministros, aunque sus críticos consideraron que violó la Constitución.
La destitución y restitución casi inmediata de ministros fue utilizada por la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) ante las censuras del Legislativo, con mayoría del MAS, durante el Gobierno transitorio.
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