La opositora Coalición Nacional, que aglutina a las principales fuerzas disidentes de Nicaragua, denunció este lunes al líder Daniel Ortega ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por supuestamente llevar al país a una situación de “riesgo de muerte masiva” con la pandemia del virus del PCCh, comúnmente conocido como nuevo coronavirus, y solicitó que designe un enviado especial.
La solicitud de los opositores se basó en la forma en que Ortega maneja la pandemia, que se caracteriza por no establecer restricciones, aplicar mínimas medidas de prevención social y promover aglomeraciones.
“La omisión criminal del régimen ha contribuido a la expansión del contagio, hasta llevarlo a una situación de riesgo y muerte masiva que, tal como expresara el papa Francisco, podría catalogarse como la promoción de un ‘genocidio virósico’”, indicó la Coalición Nacional.
El mes pasado Ortega defendió su estrategia con el argumento de que la economía no se puede detener. Adicionalmente, su régimen emitió un “Libro Blanco” sobre la pandemia, en el que el modelo de Nicaragua, segundo país más pobre de Latinoamérica, es comparado con el que hasta hace pocos días mantenía Suecia.
“La desatención del régimen de Daniel Ortega respecto a las orientaciones de la OMS/OPS ante la pandemia de la COVID-19 ha agravado la crisis sanitaria mucho más allá de lo que hubiéramos tenido que sufrir, si se hubiesen tomado medidas de prevención más estrictas, a como lo hicieron algunos países de la región”.
Los disidentes destacaron que al menos 85 «presos políticos» necesitan una “urgente atención de la comunidad internacional”.
«Amenaza transfronteriza»
Datos declarados del régimen indican que la pandemia ha contagiado a 1118 personas y causado la muerte de 46. Por su parte, el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 cuenta 4217 casos, con 980 fallecimientos.
La Coalición Nacional advirtió que la situación de Nicaragua “representa una amenaza transfronteriza para toda Centroamérica, en términos de migración, comercio, manejo responsable de la pandemia y seguridad democrática”, por lo que llamó a la ONU a “proteger a las poblaciones de crímenes atroces y violaciones de sus derechos humanos”, con base en “el respeto a las normas y principio del derecho internacional”.
La denuncia y la petición fue dirigida directamente al Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, según los opositores, con el objetivo de que el organismo “tome con urgencia medidas más activas frente al caso de Nicaragua”.
Los opositores recordaron que la crisis sanitaria causada por la pandemia, se mezcla en Nicaragua con la crisis sociopolítica y económica que arrastraba el país desde el estallido popular contra Ortega en 2018.
La Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han expresado su preocupación por Nicaragua.
De la misma manera, la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyas delegaciones fueron expulsadas de Nicaragua en 2018, han llamado al régimen de Ortega a garantizar el derecho a la salud.
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