A un mes de la realización de las elecciones en Nicaragua, diversas organizaciones opositoras llamaron a la comunidad internacional a desconocer los comicios del 7 de noviembre, donde el presidente Daniel Ortega buscará su cuarto mandato, junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Las organizaciones, que brindaron una conferencia de prensa en Costa Rica, hacen esta petición en base al encarcelamiento de los principales líderes de oposición que aspiraban a participar en el proceso electoral y que gozaban de popularidad, según las encuestas, tal como es el caso de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
De igual forma, indicaron que Ortega ha incumplido con la resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual fue aprobada en octubre de 2020, y en donde se demandaron reformas electorales con estándares internacionales.
Contrario a ello, el oficialismo aprobó unas polémicas reformas con las que se agudizaron las restricciones a los partidos que estarían compitiendo en el proceso y se les prohibió, entre otras cosas, el recibir financiamiento del exterior, así como de organizaciones no gubernamentales para las campañas.
También se cuestionó la persecución del Gobierno en contra de los medios de comunicación críticos a la administración del presidente Ortega, incluido el cierre del único diario impreso independiente en Nicaragua, como es el periódico La Prensa.
“Contraviniendo las resoluciones de la OEA, la dictadura Ortega-Murillo impuso una contrarreforma electoral contraria a cualquier apertura del proceso democrático, resultando en mayores restricciones y opacidad del ya viciado sistema electoral”, dijeron las organizaciones en el comunicado.
Expresaron que en los últimos meses se aprobó un conjunto de “leyes represivas de corte antidemocrático, inconstitucionales y lesivas de los derechos humanos, que implementa a su antojo”, consolidando aún más su control absoluto sobre todos los poderes del Estado, tal y como es la Ley 1055 o Ley de Soberanía, la cual inhabilita la candidatura de algún opositor que “aplauda o celebre las sanciones” impuestas en contra de Nicaragua.
Los firmantes pidieron a los miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) emplazar al gobierno de Ortega para que cumpla con sus compromisos como Estado miembro del organismo.
Por otra parte, a los Estados miembro de la OEA les sugirieron realizar las presiones diplomáticas y económicas necesarias para suspender a Nicaragua de la organización hasta que se lleven a cabo verdaderas elecciones que cumplan con todos los estándares necesarios.
«Les solicitamos que, en el marco de la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 10 de noviembre de 2021 en Guatemala, se convoque a los cancilleres a realizar una Asamblea General Extraordinaria para aprobar una resolución sobre la ilegitimidad y no reconocimiento de los resultados de la farsa electoral del 7 de noviembre de 2021 y la aplicación del Artículo 21 de la Carta Democrática», reza el comunicado.
Finalmente, exhortaron a las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a todos los países democráticos del mundo, “a sumarse a una condena colectiva por la violación sistemática de los derechos humanos de los nicaragüenses y a declarar la ilegitimidad del proceso electoral y desconocer los resultados de la farsa electoral montada por la dictadura Ortega Murillo, e incrementar las sanciones a los responsables de estas violaciones».
Otros bloques ausentes
A pesar de las peticiones de las agrupaciones firmantes, dentro de las cuales se encuentran la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Frente Democrático Nicaragüense, la Articulación de Movimientos Sociales, entre otros, el gobierno de Ortega ha dicho que el proceso se realiza con total transparencia y ha catalogado de “terroristas” a los opositores detenidos.
“Esos que están procesando son terroristas. Son los que organizaron a los terroristas”, dijo Ortega en alusión a los manifestantes de 2018.
Para las elecciones de noviembre se estima que un total de 4.3 millones de nicaragüenses están habilitados para votar, según datos del Consejo Supremo Electoral (CSE).
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