La dirigente opositora nicaragüense Daisy George West denunció este lunes el allanamiento de su domicilio y la desaparición de su hijo, luego de que el Ministerio Público solicitara a la autoridad judicial ordenar su «conducción forzosa» por no comparecer a las citas que le ha hecho la Fiscalía por una investigación contra dos ONG.
En un mensaje en Twitter, la también activista de derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes dijo que la Policía Nacional registró su vivienda, donde se encontraba su hijo, con quien no ha vuelto a tener comunicación.
«No sé dónde está mi hijo, tampoco se cuántas destrucciones han hecho (en la casa)», señaló George, socióloga de profesión con una maestría en antropología social y dirigente de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el Caribe de Nicaragua, donde reside.
La Alianza Cívica fue la contraparte del Gobierno de Daniel Ortega en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.
«El régimen quiere acabar con la oposición»
«El régimen quiere acabar con la oposición. Nunca tuvo voluntad política de encontrar salida a la crisis de Nicaragua. Todo es odio y mentira», continuó la dirigente opositora, quien se encuentra en la clandestinidad argumentando razones de seguridad.
En la víspera, el Ministerio Público solicitó la «conducción forzosa» de George y de la aspirante presidencial María Asunción Moreno, debido, según informó, a que las «ha citado en más de una ocasión» y «no han atendido el llamado ni justificado su incomparecencia».
Moreno, profesora de Derecho y abogada constitucionalista, anunció ayer que decidió salir del país «ante el acoso, la persecución y la amenaza» de «encarcelamiento por parte de la dictadura Ortega Murillo», en medio de la ola de arrestos contra líderes políticos opositores a menos de cuatro meses de las elecciones en las que el mandatario buscará una nueva reelección.
En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria.
¿Política de odio y venganza?
George es fuerte crítica de los sandinistas, a los que acusa de implementar una política de «saqueo, confiscación, violación de la Constitución, violación de los derechos humanos, abusos con impuestos, pobreza y censura», así como de «odio y venganza» contra los opositores.
«Es real el terrorismo de Estado bajo la conducción de los ORMU (Ortega Murillo). No hay personas sensatas en el régimen de los ORMU. El daño que se hacen quedará para siempre en la memoria de los nicaragüenses», indicó en un tuit.
Para la dirigente caribeña, «Nicaragua entera está secuestrada» por la familia Ortega Murillo, de quienes ha dicho «personifican la maldad», han «destruido» las instituciones del Estado y el Estado de derecho, y que «por el miedo a perder las elecciones, están inhibiendo a todos y todas».
Las autoridades han aprehendido también a dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama, cinco dirigentes opositores, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, un periodista, un comentarista político, dos extrabajadores de una ONG y un conductor de Cristiana Chamorro.
Ortega ha tildado de «criminales» a sus contendientes
Mientras el exlíder de la Contra Luis Fley, quien era uno de los 11 candidatos a la Presidencia de la oposición, abandonó Nicaragua y anunció, desde el exilio, que por razones de seguridad decidió retirar sus aspiraciones.
Las detenciones de líderes opositores se producen de cara a los comicios generales del próximo 7 de noviembre en los que Ortega, un exguerrillero sandinista que retornó al poder en 2007 y que desde 2017 gobierna junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscará extender su mandato por cinco años más.
El mandatario, próximo a cumplir 76 años y que coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidió por primera vez el país entre 1985 y 1990, ha acusado a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos y los ha tildado de «criminales».
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