Un movimiento opositor nicaragüense exigió este martes la incorporación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como garante de la mesa de negociación que mantiene el régimen de Daniel Ortega con la oposición, con la que buscan superar la crisis que estalló hace casi un año.
«Exigimos como condición indispensable para garantizar la implementación y la credibilidad de las negociaciones, la incorporación inmediata de la CIDH», señaló la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco en una declaración pública.
Esa coalición observó que el proceso de negociación, que comenzó el 27 de febrero pasado, ha puesto sobre el tapete la liberación de los denominados «presos políticos» en un plazo no mayor de 90 días, el cual urge resolverse.
Al respecto, la Unidad Nacional anotó que no cree en acuerdos ni en promesas del Ejecutivo que no sean debidamente verificadas por garantes internacionales creíbles con las capacidades y la experiencia requerida para su misión.
Explicó que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que ha sido invitado por las partes a apoyar la liberación de los manifestantes, es un organismo muy respetado de ayuda humanitaria, «pero su misión y sus mandatos no abarcan aspectos vinculantes en materia de derechos humanos y verificación de acuerdos políticos».
Por ello, argumentó la Unidad Nacional, se requiere la presencia de la CIDH, porque sus mandatos «sí les permiten ser garantes de todos los acuerdos relativos a la liberación de los prisioneros y el restablecimiento de los derechos ciudadanos».
«No aceptamos ni respaldaremos acuerdos en esta materia sin la garantía de la CIDH, a la que deben dársele las condiciones que le permitan verificar los compromisos de la mesa de negociación y el respeto a los derechos humanos y políticos», avisó ese movimiento.
La Unidad Nacional Azul y Blanco -a la que pertenece la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la contraparte del Gobierno en las negociaciones-, también respaldo la posición de los familiares de los detenidos en el sentido que deben ser liberados en un plazo de 15 días, no de 90.
«Exigimos que la libertad de todas los presos políticos no sea utilizado como moneda de cambio en el proceso de negociación», instó.
Asimismo, sugirió que la lista de manifestantes a liberar debe ser la presentada por la CIDH, organismo que a su vez debe participar junto con el CICR en la inspección de las cárceles para verificar que no existen otros prisioneros no incluidos en la lista.
La Unidad espera que la Alianza Cívica asuma estas demandas como indispensables para que el proceso de negociación avance sobre bases firmes y con el respaldo de la ciudadanía.
«Estaremos vigilantes y movilizados para apoyar desde las trincheras ciudadanas el logro de estos objetivos inmediatos», afirmó.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
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