Colectivos opositores cubanos llamaron este viernes a la Unión Europea (UE) a activar la «cláusula de suspensión» del acuerdo del bloque con Cuba por las violaciones de derechos humanos en la isla.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), el Partido Demócrata Cristiano de Cuba y la Red Femenina de Cuba abogaron en un comunicado conjunto por suspender el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) al considerar fracasado este mecanismo diplomático bilateral.
El comunicado opositor sigue al llamamiento esta semana de la Comisión Europea (CE) a La Habana a respetar «la integridad física y los derechos fundamentales» de los detenidos, pese a seguir defendiendo el diálogo con el régimen cubano.
La CE se posicionó de esta forma durante un debate en el Parlamento Europeo (PE) sobre la situación del opositor cubano José Daniel Ferrer, preso de conciencia según Amnistía Internacional y en la cárcel desde 2021 en un precario estado de salud.
El PE pidió a Cuba en una resolución no vinculante que libere «de forma inmediata e incondicional» a Ferrer y a todas las personas «detenidas por motivos políticos y arbitrariamente por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica».
La resolución condena asimismo «la tortura y los malos tratos inhumanos y degradantes» infligidos por las autoridades cubanas contra Ferrer y los demás presos políticos.
La ONG Prisoners Defenders registró en agosto 1105 presos por motivos políticos en Cuba.
En este contexto, los colectivos opositores firmantes consideraron que el ADPC «ha fracasado en su objetivo principal de promover las libertades fundamentales y los derechos humanos en Cuba, así como en mejorar el bienestar de sus ciudadanos».
Agregaron que la situación de la isla, tanto en términos de derechos humanos como de condiciones de vida, «ha empeorado», lo que a su juicio «constituye una clara y sistemática violación de las disposiciones fundamentales del acuerdo».
El ADPC, firmado en 2016, incluye una cláusula de respeto a los derechos humanos, cuya vulneración permite suspender el acuerdo.
La finalidad del ADPC, argumentan los firmantes, era «lograr un proceso de transición que promoviera la democracia y los derechos humanos en Cuba», pero , «desafortunadamente nada de esto ha sucedido en estos años por falta de voluntad del Régimen cubano».
El ADPC, no exento de controversia dentro de la UE (no ha sido ratificado por Lituania y es criticado por las familias políticas conservadoras), sustituyó a la llamada «posición común» de la UE hacia Cuba, que el bloque mantenía desde 1996 y vinculaba todo avance en la relación bilateral a los progresos en democratización y derechos humanos en la isla.
El acuerdo promueve la cooperación en favor del desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos, así como la posibilidad de encontrar soluciones compartidas a retos globales por medio de acciones conjuntas en foros multilaterales.
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