La orden de vacunación contra COVID-19 de United Airlines violó las creencias religiosas de algunos empleados, según una corte federal de apelaciones.
La orden de la compañía permite solicitar exenciones religiosas, pero incluso si esas solicitudes se conceden, algunos empleados a los que se les concede se ven obligados a dejar de trabajar, no recibir ningún pago y dejar de recibir beneficios pagados por la compañía, un conjunto de condiciones descritas bajo el término de licencia no remunerada.
El tratamiento de las objeciones religiosas desencadenó una demanda, en la que se pidió a un tribunal que bloquee la orden para ellos, pero un juez federal se negó a hacerlo en noviembre de 2021, afirmando que los demandantes no habían demostrado que serían afectados de forma irreparable.
En el nuevo fallo, fechado el 17 de febrero, dos jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito consideraron que el trato de United a los objetores religiosos equivale a una «coacción».
«United ha presentado a los demandantes dos opciones: violar sus convicciones religiosas o perder indefinidamente todo el sueldo y los beneficios. Esa es una opción imposible para los demandantes que quieren seguir siendo creyentes pero que deben poner comida en la mesa. En otras palabras, United está coaccionando activamente a los empleados para que abandonen sus convicciones», escribieron los jueces de circuito, Jennifer Walker Elrod, designada por George W. Bush, y Andy Oldham, designado por Donald Trump, en la opinión mayoritaria no firmada.
Los jueces señalaron que el director general de United, Scott Kirby, dijo en un foro a los trabajadores que se aceptarían «muy pocas» solicitudes de exención religiosa y que United ha hecho a los trabajadores que buscan una exención una serie de preguntas, como si recibieron en el pasado vacunas creadas con la ayuda de células madre.
La decisión de United de «coaccionar a los demandantes para que violen sus convicciones religiosas» provoca un daño que «es irreparable y apoya una medida cautelar judicial», o una sentencia que bloquee la orden de vacunación para ellos mientras el caso está en curso, dijeron los jueces.
Los jueces devolvieron el caso al juez de distrito Mark Pittman, la persona designada por Donald Trump que rechazó la solicitud de medida cautelar el año pasado.
En una larga opinión disidente, el juez de circuito Jerry Smith, un nominado por Reagan que completó el panel de tres jueces, al considerar la apelación, afirmó que la mayoría reescribió efectivamente una parte de la Ley de Derechos Civiles en su decisión «para crear una nueva causa de acción».
Ni la ley ni los precedentes legales están a favor de los empleados, dijo el juez Smith.
Mark Paoletta, un abogado que representa a los demandantes, indicó en un declaración que estaban «satisfechos de que el Quinto Circuito reconociera el daño sustancial e irreparable que las acciones ilegales de United están causando a sus empleados».
«Esperamos seguir reivindicando los derechos de los empleados de United que no pueden recibir la vacuna COVID-19 por razones religiosas o médicas. A ninguna empleada se le debe exigir que renuncie a sus creencias o a su salud para poder seguir trabajando», añadió el abogado.
United dijo a los medios de comunicación a través de una declaración que seguirá defendiendo la orden de vacunación.
«No hay duda de que nuestro requisito de vacunación ha salvado vidas y ha mantenido a nuestros empleados fuera del hospital», dijo la compañía. «Está claro que la mejor manera de mantenerse a salvo es que todos se vacunen, como casi todos los empleados de United han decidido hacer».
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