El memorando de la administración del presidente Joe Biden, que suspende la mayoría de las deportaciones durante 100 días, afecta al 85 por ciento de todas las deportaciones de extranjeros criminales, según un nuevo análisis.
Un juez federal de Texas bloqueó el martes la entrada en vigor de la orden, pero si finalmente pasa por los tribunales, impediría a los funcionarios de inmigración deportar a cerca del 85 por ciento de inmigrantes ilegales, según el informe del Centro de Estudios de Inmigración. Los delincuentes sexuales, los maltratadores domésticos y los delincuentes que cometen fraudes estarían entre los que están a salvo de ser expulsados de Estados Unidos.
«Esencialmente, este memorando es un intento de abolir la aplicación de la ley de inmigración», dijo a The Epoch Times Jessica Vaughan, quien realizó el análisis para el centro de estudios.
El memorando ordena a las agencias de control de inmigración que se centren en las personas que entraron recientemente a Estados Unidos de forma ilegal, las que sean sospechosas de terrorismo y espionaje o que hayan sido condenadas por un delito grave.
Vaughan dijo que el porcentaje de extranjeros criminales que realmente serían objeto de la orden, en realidad es inferior al 15 por ciento debido a las llamadas jurisdicciones santuario, que cooperan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La orden firmada por el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, David Pekoske, «resultará en una disminución muy marcada de las deportaciones» realizadas bajo los expresidentes Donald Trump y Barack Obama, según Vaughan.
«Me sorprendió lo lejos que decidió ir porque había estado hablando como si quisiera seguir un curso moderado, obviamente políticas diferentes, pero afirmó no querer hacerlo de manera radical, pero esto es realmente una orden temeraria y extrema», agregó.
El gobierno de Biden no respondió a una solicitud de comentarios.
El juez de distrito de Estados Unidos, Drew Tipton, designado por Trump, bloqueó el martes la entrada en vigor de la normativa durante dos semanas después que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, la impugnó en los tribunales. El juez dijo que el gobierno de Biden no dio «ninguna justificación concreta y razonable para una pausa de 100 días en las deportaciones».
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo la semana pasada a los periodistas que la orden que detiene las deportaciones de algunos inmigrantes «permitirá a la administración revisar y reajustar las políticas de control y asegurar que los recursos se dediquen a los desafíos más apremiantes, y que tengamos un sistema de aplicación de la ley justa y eficaz basada en la gestión responsable de la frontera y la protección de nuestra seguridad nacional y la seguridad pública».
En otra sesión informativa el lunes, Psaki dijo que el mensaje a los migrantes en la frontera «es que este no es el momento adecuado para venir».
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