Mientras el condado de Cochise, en Arizona, procedía el jueves a certificar los resultados de las elecciones del 8 de noviembre, los abogados de los candidatos del GOP, Kari Lake y Mark Finchem, fueron sancionados por un juez federal.
El juez John Tuchi, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Arizona, impuso sanciones a los abogados de Lake, candidata republicana a gobernadora de Arizona, y de Finchem, candidato del GOP a secretario de Estado. Ambos candidatos habían presentado demandas contra el condado de Maricopa, alegando que la elección fue mal manejada el 8 de noviembre.
Las sanciones, escribió (pdf), «dejarían claro que el Tribunal no perdonará a los litigantes» y afirmó que ambos estaban «fomentando narrativas falsas que socavan sin fundamento la confianza del público en un momento de creciente desinformación y desconfianza en el proceso democrático». Tuchi fue nominado por el expresidente Barack Obama.
«Sancionar al abogado de los demandantes aquí no es dejar a los demandantes fuera de juego», dijo Tuchi, según los medios locales. «Es sancionar una conducta específica del abogado con el objetivo más amplio de disuadir de la presentación de demandas igualmente infundadas iniciadas por cualquier persona, sea o no abogado».
El juez declaró que sus campañas tienen que pagar los honorarios de los abogados del condado de Maricopa porque sus abogados tuvieron que «gastar tiempo y recursos defendiendo esta frívola demanda en lugar de prepararse para las elecciones».
En las redes sociales, Lake no apareció para comentar las sanciones. Finchem, por su parte, escribió que ningún abogado del Comité Nacional Republicano (RNC) «me llama para ayudar».
«Arizona NUNCA será tomada por las fuerzas de la oscuridad. Los derrotaremos en los distritos electorales. Los derrotaremos en los condados. Las derrotaremos en los tribunales. Los derrotaremos en la legislatura», también escribió. «Los derrotaremos con el pueblo. Los derrotaremos en todo el estado».
Los abogados sancionados no se nombran directamente en la orden del jueves, pero según el expediente judicial, el profesor de la Facultad de Derecho de Harvard Alan Dershowitz es el abogado principal de Lake en el asunto. También forman parte de su equipo legal los abogados Andrew D. Parker, Jesse Hersch Kibort y Joseph Alan Pull, de Minneapolis. También figura como miembro de su equipo legal el abogado Kurt B. Olsen de Washington, D.C.
La denuncia inicial de Lake y Finchem, presentada en abril, pretendía cuestionar el uso de las máquinas de votación de Arizona. Se presentó mucho antes de que concluyeran las elecciones intermedias del 8 de noviembre.
«Se trata de una acción de derechos civiles para obtener una reparación declaratoria y cautelar que prohíba el uso de máquinas de votación electrónicas en el Estado de Arizona en las próximas elecciones de mitad de período de 2022, previstas para el 8 de noviembre de 2022 (las ‘elecciones de mitad de período’), a menos y hasta que el sistema de votación electrónica se haga público y se someta a un análisis científico por parte de expertos objetivos para determinar si es seguro frente a manipulaciones o intrusiones», decía la demanda.
En agosto, Tuchi desestimó la demanda y declaró que los equipos electorales de Arizona se prueban antes de ser utilizados para el recuento de votos.
Certificación
En un caso aparte, la Junta de Supervisores de Cochise, que se resistió a certificar la elección porque dos de sus supervisores tenían dudas sobre las elecciones del condado de Maricopa, votó 2-0 poco después de que el juez Casey McGinley de la Corte Superior del condado de Pima les ordenara certificar los resultados antes de las 5 de la tarde, hora local. La certificación estatal de las elecciones está prevista para el lunes 5 de diciembre.
En el condado de Cochise, la republicana Peggy Judd, una de las supervisoras que previamente votó para retrasar la certificación, declaró el jueves que va a votar «sí» en respuesta a la orden judicial. A ella se unió Ann English, miembro demócrata de la Junta, para certificar los resultados.
La secretaria de Estado, Katie Hobbs, demócrata que, según los medios de comunicación, es la gobernadora electa, había demandado al condado de Cochise para obligarlo a certificar los resultados. Lake aún no ha reconocido la derrota y ha indicado que presentaría más demandas relacionadas con las elecciones contra el condado de Maricopa.
El condado de Cochise «tenía la obligación legal de certificar los resultados de las elecciones generales de 2022» antes del 28 de noviembre, escribió Hobbs en Twitter. Su demanda estipulaba que el hecho de no certificar los resultados antes del 1 de diciembre «sembraría más confusión y dudas sobre la integridad del sistema electoral de Arizona» y pedía al tribunal que emitiera una orden judicial.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con Peggy Judd, una de las supervisoras del condado de Cochise, para obtener más comentarios. Judd dijo a The Daily Beast a principios de esta semana que creía que los supervisores tenían hasta el 8 de diciembre para certificar los resultados, aunque había señalado que la junta podría certificar antes de la fecha límite del lunes.
La campaña de Lake y la de Finchem no han respondido a las solicitudes de comentarios.
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