El órgano de transparencia mexicano ordenó hoy a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) abrir y hacer públicas las declaraciones de servidores públicos y particulares involucrados en el caso Odebrecht.
Mediante un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) dijo que la PGR «debe entregar versiones públicas de las declaraciones ministeriales de servidores públicos y particulares involucrados en la investigación del caso Odebrecht».
La nota indicó que se trata de diez servidores públicos, de los cuales nueve eran funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra pública asignados al conglomerado brasileño, y tres directivos de la empresa, incluido su expresidente, Marcelo Bahía Odebrecht.
El comisionado del Inai Francisco Javier Acuña aseguró que «es de interés público conocer la forma en la que actuaron servidores y exservidores públicos en el ejercicio de sus funciones, representando a Pemex, así como acciones y operaciones realizadas por personal de la empresa Odebrecht, para lograr la adjudicación de los citados contratos».
Destacó que se trata de un asunto que ha «empañado la credibilidad de las instituciones mexicanas» y que en otros países «ha llevado a los gobiernos a destituir a funcionarios de altísimo nivel», e inclusive existen sentencias para cumplir penas de prisión «por responsabilidades de alto nivel».
Acuña dijo que esta resolución se suma a dos anteriores emitidas, pendientes de cumplimiento por parte de la PGR, una del 2 de octubre, en la cual se ordenó abrir la carpeta de investigación del caso, y otra del 12 de diciembre, en la que se instruyó dar a conocer los nombres de funcionarios y exfuncionarios investigados y citados a declarar.
En las versiones públicas, la PGR no podrá eliminar los nombres de las personas citadas a declarar en el caso Odebrecht, Y tampoco el de quienes están siendo investigados y fueron notificados.
Odebrecht está envuelta en un escándalo cuya dimensión se conoció en 2016 cuando se reveló que pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido el propio Brasil.
En México, el caso apuntó hasta al que fuera director general de Pemex entre 2012 y 2016, Emilio Lozoya, acusado de recibir 10 millones de dólares en sobornos.
El diciembre de 2017, México sancionó a Odebrecht y la inhabilitó durante cuatro años para obtener contratos públicos, después de que se demostrara el cobro indebido de unos 6,2 millones de dólares en el proyecto de una refinería.
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