Se le ordenó a la ciudad de Los Ángeles esta semana pagar casi USD 150,000 a la Asociación Nacional del Rifle (NRA).
El juez de Distrito de Estados Unidos, Stephen Wilson, nombrado por Reagan, emitió la orden de 36 páginas tras una impugnación legal de la NRA contra Los Ángeles por una ordenanza que requería que las empresas y los individuos revelaran si tenían contratos con la asociación o la patrocinaban.
Si los contratistas no revelaban todos los vínculos con la NRA, la ordenanza permitía a la ciudad revocar los contratos.
La ordenanza entró en vigor el 1º de abril de 2019, tras la aprobación unánime del Ayuntamiento de Los Ángeles.
Los abogados de la NRA presentaron una demanda a finales de ese mes, alegando que la ordenanza violaba la Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
El alcalde demócrata Eric Garcetti dijo que apoyaba la política, en un comunicado en ese momento.
«Confío en ella, y no vamos a ser intimidados por la NRA», dijo.
Wilson concedió una orden preliminar contra la ordenanza a finales del año pasado.
«Aunque la ordenanza solo obliga a revelar actividades que pueden no ser expresivas, el claro propósito de la revelación es socavar el discurso explícitamente político de la NRA», escribió, citando las declaraciones públicas del concejal Mitch O’Farrell, un demócrata que había dicho que apoyaba los boicots a las empresas que trataban con la NRA.
El juez dictaminó que la NRA probablemente iba a probar que la ley violaba la Constitución.
El ayuntamiento de la ciudad votó en enero para revocar la ordenanza.
«Los mismos funcionarios de la ciudad que juraron defender esta ordenanza están huyendo», dijo Jason Ouimet, director ejecutivo del Instituto de Acción Legislativa de la NRA, en una declaración después de la votación. «Además de los miembros de la NRA a los que perjudicaron, los funcionarios de la ciudad deben ahora responder ante los votantes y los contribuyentes por su experimento fallido, y explicar por qué sometieron imprudentemente a la ciudad a una exposición legal y financiera».
La nueva orden de Wilson señaló que los demandantes buscaban recuperar más de USD 472,000 en honorarios de abogados. Concedió la moción en parte, ordenando a la ciudad de Los Ángeles a pagar USD 143,160.74. Dijo que algunos de los honorarios de facturación no parecían razonables, así que redujo la cantidad.
También se le dijo a la ciudad que pagara más de USD 1000 más en costos.
La NRA, la oficina de Garcetti y la oficina del fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Un portavoz de la NRA dijo al Washington Free Beacon, que fue el primero en informar de la orden, que «las cortes han impuesto legítimamente esas consecuencias a Los Ángeles».
«La NRA continuará nuestra lucha y, como siempre, trabajará para que los políticos rindan cuentas», dijo.
En una presentación de respuesta, los abogados de la ciudad pidieron que el monto de los costos de USD 1073.55 se redujera a USD 244.65.
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