El director del sistema universitario estatal de Florida ha ordenado a las 12 universidades públicas que revisen sus materiales de enseñanza en busca de contenidos que puedan contener prejuicios antisemitas o antiisraelíes.
«Vamos a llevar a cabo una búsqueda de palabras clave en las descripciones de los cursos y en los programas de los cursos», dijo el rector Ray Rodrigues, un exlegislador republicano que supervisa el sistema de universidades públicas, a los presidentes de las universidades en un correo electrónico del 4 de agosto. «Cualquier curso que contenga las siguientes palabras clave Israel, israelí, Palestina, palestino, Medio Oriente, sionismo, sionista, judaísmo, judío o judíos será marcado para su revisión».
«Este proceso garantizará que todas las universidades estén revisando los mismos cursos y que nada se escape», dice el correo electrónico revisado por The Epoch Times.
«A continuación, cada universidad deberá iniciar una revisión del profesorado que deberá estar terminada antes de que concluya el semestre de otoño», escribió Rodrigues. «Esta revisión deberá señalar todos los casos de antisemitismo o sesgo antiisraelí identificados y comunicar esa información a mi oficina».
En respuesta a una solicitud de información adicional, el sistema universitario solo envió una copia del correo electrónico de Rodrigues. Pero Rodrigues dijo al Miami Herald en una entrevista que la directiva fue motivada por un controvertido incidente relacionado con un cuestionario online percibido como tendencioso contra Israel.
El cuestionario se realizó en junio en la Universidad Internacional de Florida (FIU). Provenía de un libro de texto de un curso online llamado «Terrorismo y Seguridad Nacional», e incluía una pregunta que decía: «Cuando los israelíes practican el terrorismo, a menudo se refieren a él como [en blanco]», con respuestas de opción múltiple que incluían «ataques proactivos» y «estrategia defensiva terrorista».
El cuestionario fue promovido en las redes sociales por cuentas pro-Israel y llamó la atención del representante estatal Randy Fine, el único miembro republicano judío de la Legislatura de Florida, quien no estuvo de acuerdo con la explicación de la FIU de que la pregunta fue extraída al azar de un grupo de 1500 preguntas, y que el profesor que enseña el curso nunca ha revisado el libro de texto o esas preguntas.
«La respuesta a cómo sucedió esto se encuentra en algún lugar entre la ‘incompetencia’ y el ‘antisemitismo’. Es probable que sea una parte de cada uno», escribió el legislador en X. «Le he dicho al presidente de la FIU que el odio involuntario a los judíos debido a la incompetencia de la universidad no va a ser aceptado. Habrá rendición de cuentas”.
Aunque el correo electrónico de Rodrigues no especificaba lo que cuenta como antisemitismo o sesgo antiisraelí, Florida tiene una definición consagrada en la ley estatal.
Según el proyecto de ley 148 del Senado, que se presentó pocos días después del atentado terrorista de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y se convirtió en ley este mes de marzo, el antisemitismo se define como «una percepción de las personas judías que puede expresarse como odio hacia dichas personas».
También incluye ejemplos de antisemitismo conocidos desde hace tiempo, como pedir la muerte o el daño a los judíos o negar el alcance de las atrocidades cometidas contra los judíos europeos durante el Holocausto.
La definición estatal, elaborada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, se amplía aún más a las opiniones críticas con Israel. Por ejemplo, se consideraría antisemita según la ley estatal «afirmar que la existencia del Estado de Israel es una empresa racista» o «exigir al Estado judío de Israel un nivel de comportamiento que no se espera ni se exige de ninguna otra nación democrática».
La orden de Rodrigues, así como la adopción en Florida de la definición de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, ha suscitado preocupación entre los defensores de la Primera Enmienda.
«Estas normas subjetivas no ayudarán a Florida a abordar la discriminación genuina. En su lugar, los campus deben aplicar sistemáticamente las leyes existentes que prohíben el acoso discriminatorio y las amenazas reales, respetando al mismo tiempo las leyes y normas de la Primera Enmienda», dijo la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, un grupo sin ánimo de lucro centrado en la libertad de expresión en la educación superior.
«Censurar el material docente para imponer la conformidad política es inconstitucional en un campus público de Estados Unidos de América», afirmó el grupo.
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