El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), dijo que está buscando introducir una legislación que permitiría a Estados Unidos implementar sanciones a funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI).
Dijo a los periodistas durante la conferencia de prensa semanal del Partido Republicano el 22 de mayo que presentar un proyecto de ley bipartidista de este tipo implica «llegar a los detalles».
Esto fue en respuesta luego de que Karim A. A. Khan, fiscal del tribunal de La Haya, anunciara el 20 de mayo que la CPI solicitará órdenes de arresto para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y los líderes de Hamás, Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh y Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri por presuntamente cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante y después del ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre.
Al testificar ante el Senado el 21 de mayo, el Secretario de Estado Antony Blinken dijo que está abierto a trabajar con el Congreso en una respuesta legislativa al anuncio de la CPI.
Blinken dijo que el anuncio de la CPI «solo complica las perspectivas» de lograr un alto al fuego y un acuerdo para que Hamás libere a los rehenes. Dijo que le «complacería trabajar» en una legislación para responsabilizar a la CPI, aunque «el diablo está en los detalles, así que veamos qué tenemos y podemos partir de ahí».
En una entrevista del 21 de mayo con CNN, el Sr. Netanyahu calificó el anuncio de la CPI como «más que indignante».
El Sr. Gallant dijo el 20 de mayo que «el paralelismo que ha trazado entre la organización terrorista Hamás y el Estado de Israel es despreciable».
Hamás, justificando su «resistencia armada», dijo en una declaración del 20 de mayo que la CPI decidió «equiparar a la víctima con el verdugo».
La administración Biden y los congresistas de ambos partidos han condenado la decisión de la CPI.
«La solicitud del fiscal de la CPI de órdenes de arresto contra líderes israelíes es escandalosa», afirmó el presidente Joe Biden en un comunicado.
«Y permítanme ser claro: independientemente de lo que este fiscal pueda insinuar, no hay equivalencia –ninguna– entre Israel y Hamás. Siempre estaremos con Israel contra las amenazas a su seguridad».
«La CPI no tiene autoridad sobre Israel o Estados Unidos, y la decisión ilegítima y sin fundamento de hoy debería enfrentarse a la condena mundial», dijo Johnson, que pretende que Netanyahu se dirija al Congreso.
«Israel está librando una guerra justa por la supervivencia, y la CPI está intentando equiparar a los funcionarios israelíes con los malvados terroristas que perpetraron la masacre del 7 de octubre», afirmó en un comunicado.
«Estas acciones de la CPI ponen en peligro los esfuerzos para lograr una paz sostenible en Medio Oriente. Pone en peligro las delicadas negociaciones para traer de regreso a casa a los rehenes, incluidos los estadounidenses, y aumentar la ayuda humanitaria», afirmó un grupo bipartidista de senadores en un comunicado.
No todos los legisladores se opusieron a la medida de la CPI.
«Las acusaciones de la fiscalía son significativas, y desde hace tiempo creo que la ausencia de procesos creíbles para obtener justicia es una razón clave por la que el conflicto entre Israel y los palestinos continúa intensificándose», dijo la representante Ilhan Omar (D-Minn.) en un comunicado.
«El fiscal de la CPI tiene razón al tomar estas medidas. Estas órdenes de arresto pueden ejecutarse o no, pero es imperativo que la comunidad global respete el derecho internacional», dijo el senador Bernie Sanders (I-Vt.) en un comunicado.
La presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, Elise Stefanik (R-N.Y.) y el representante Chip Roy (R-Texas), presentaron el 7 de mayo un proyecto de ley, la Ley de Contraataque a Tribunales Ilegítimos, que sancionaría y negaría la admisión a Estados Unidos a funcionarios de la CPI involucrados en investigar o procesar a funcionarios estadounidenses actuales y anteriores y a aquellos de sus aliados que no esten bajo la jurisdicción de la CPI.
El senador Tom Cotton (R-Ark.) presentó un proyecto de ley que sancionaría al Sr. Khan y a su oficina.
La CPI fue fundada en 2002 y ha procesado a criminales de guerra, juzgando 31 casos que resultaron en 10 condenas.
Entre los fugitivos se encuentra el líder ruso Vladimir Putin, buscado por presuntamente deportar ilegalmente a niños de Ucrania a Rusia en medio del conflicto entre los dos países desde la invasión rusa en febrero de 2022.
Hay 124 países que han firmado el Estatuto de Roma, que otorga a la CPI jurisdicción sobre los países miembros.
Estados Unidos e Israel no son miembros.
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