Llevar armas al Capitolio del Estado de Oregon se convirtió en algo ilegal después que el 1 de junio la gobernadora demócrata, Kate Brown, firmó y promulgó una ley.
La ley fue aprobada previamente con los votos demócratas a favor y la minoría republicana en contra.
La ley también exige que las armas en casa se guarden en un contenedor con un bloqueo del gatillo o cable de seguridad, a menos que haya «circunstancias específicas».
«Hoy firmé el proyecto de ley SB 554 con la esperanza de que podamos dar otro paso adelante para ayudar a evitar a más familias de Oregon el dolor de perder a un ser querido por la violencia de las armas», dijo Brown en Twitter.
El proyecto de ley llevó el nombre de Steve Forsyth y Cindy Yuille, quienes murieron en un tiroteo en Portland en 2012, cuando un hombre tomó el AR-15 de su amigo.
La ley entrará en vigor dentro de tres meses y en efecto modificará la legislación anterior que permitía la portación oculta de armas en la capital de Oregon.
Los que se oponen al proyecto de ley dijeron que asegurar las armas de esa manera pondría en peligro a las personas que necesitan defenderse, según The Associated Press.
Jim Mischel, de Oregon, presentó un testimonio escrito en el que narraba el caso de su mujer que no pudo alcanzar su pistola asegurada en una caja, antes de que un invasor la amenazara con un arma de fuego.
«Ella nunca se recuperó», dijo.
Por su parte un movimiento interreligioso tiene la intención de presentar una recolección de firmas al personal de la Secretaría de Estado de Oregon para añadir dos peticiones de iniciativas en la boleta electoral.
Una de las peticiones, la IP 18, pretende prohibir las armas de fuego de «estilo asalto» y la IP 17 pretende prohibir la venta de cargadores de «gran capacidad», así como exigir a las personas que presenten un permiso y una completa comprobación de antecedentes antes de comprar un arma.
La venta de armas aumentó significativamente en Oregon el año pasado y en enero del presente año, en medio de los disturbios y la pandemia de COVID-19.
En 2020 se realizaron más de 516,696 comprobaciones de antecedentes en el estado, según datos de la Oficina Federal de Investigaciones.
Eso es un gran aumento desde los 357,700 controles de antecedentes en 2019 y 359,682 controles de antecedentes en el estado en 2018.
Con la contribución de Zachary Stieber y The Associated Press
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