Al menos 20 organizaciones y movimientos sociales alertaron este lunes sobre la profundización del «terrorismo de Estado» en Nicaragua previo a elecciones regionales de marzo de 2024, que ha incluido la disolución de un partido indígena, el cierre de ONG como la Cruz Roja Nicaragüense, y el arresto de sacerdotes.
«La Coalición Nicaragua Lucha denuncia la masividad y sistematicidad de las violaciones a Derechos Humanos (DD.HH.) de las últimas semanas en Nicaragua. El régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa aterrorizando a las personas nicaragüenses en todos los ámbitos, y ahora previo a las elecciones regionales del 2024», indicaron en una declaración pública.
Consideraron que la cancelación de la personería jurídica del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Yatama, que significa «hijos de la madre tierra» en lengua miskita) de cara a las elecciones regionales, deben alertar «a la comunidad internacional sobre la urgencia de la crisis democrática que se vive» en Nicaragua.
Asimismo, denunciaron la detención del diputado y dirigente indígena Brooklyn Rivera Brayan y la diputada suplente Nancy Elizabeth Henríquez, ambos de Yatama.
«Alertamos a la comunidad internacional y a las organizaciones y movimientos sociales defensores de derechos del mundo entero sobre el riesgo a que se repitan las acciones estatales que restringieron arbitrariamente los derechos políticos de la población nicaragüense en las elecciones (generales) del 2021», señalaron.
A juicio de esas organizaciones, el «régimen de Ortega y Murillo continúa usando leyes ambiguas que restringen la competencia electoral, el ejercicio de derechos políticos, y otros derechos como la libertad de expresión y asociación».
La denominada Coalición Nicaragua Lucha expresó, además, su preocupación sobre la «campaña de amedrentamiento desatada los últimos meses» tras el cierre de la Cruz Roja Nicaragüense, la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), la disolución y «confiscación» de bienes de la orden de los jesuitas junto a otras vulneraciones cometidas hacia las personas despojadas de nacionalidad.
Particularmente, esos organismos denunciaron «el incremento de la persecución a la Iglesia Católica» y advirtieron «sobre la ola de detenciones arbitrarias y secuestros de seis sacerdotes en la última semana».
Según reportes, algunos de esos seis sacerdotes ya fueron liberados, con la amenaza de “casa por cárcel”, práctica «normalizada del gobierno autoritario».
Resaltaron que la mayoría de sacerdotes detenidos son de la diócesis de Estelí, cuyo administrador apostólico es el obispo Rolando Álvarez, condenado en febrero pasado a 26 años y 4 meses de prisión por delitos considerados traición a la patria.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente Ortega fue reelegido para un quinto mandato.
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