Una veintena de organizaciones opositoras nicaragüenses expresaron este sábado su preocupación ante «las tensiones diplomáticas por las acusaciones y ofensas» del régimen del presidente Daniel Ortega «contra países que tradicionalmente han sido amigos de Nicaragua».
En una declaración, esas organizaciones también rechazaron «el respaldo otorgado por el gobierno ilegítimo de Ortega a la decisión de Vladímir Putin de reconocer la independencia de los territorios separatistas dentro de Ucrania, refrendando a Nicaragua como aliado latinoamericano de Rusia junto a los gobiernos de Cuba y Venezuela».
En concreto, esos organismos desaprobaron el retiro de credenciales al embajador de Colombia en Nicaragua, Alfredo Rangel Suárez, «así como los improperios expresados públicamente contra el Estado colombiano».
El pasado 24 de febrero, el Gobierno de Nicaragua retiró las credenciales a Rangel Suárez como embajador de Colombia en Managua, «al inmiscuirse ofensivamente en los asuntos internos de nuestro país», según la Cancillería nicaragüense.
Antes, el Gobierno de Colombia había ordenado a su embajador en Managua regresar al país luego de que Ortega asegurara que la nación andina es un «narco-Estado» donde asesinan a diario a líderes sociales.
Y la semana pasada, el caso de los «presos políticos» de Nicaragua creó un nuevo roce entre Managua y Bogotá, cuando la Cancillería del país centroamericano reclamó a Colombia por su rechazo a las condenas de cárcel contra opositores arrestados en 2021.
Critican expulsiones de diplomáticos
Asimismo, las organizaciones criticaron «el desaire a la embajadora de España, María del Mar Fernández-Palacios, quien fuera llamada a consulta por el gobierno español y no pudiera reingresar al Nicaragua por decisión del régimen Ortega Murillo».
El 11 de agosto del año pasado, el gobierno de Pedro Sánchez llamó a consultas a la embajadora Fernández-Palacios en respuesta a un comunicado publicado el día anterior por la Cancillería nicaragüense que contenía, según el Ministerio de Asuntos Exteriores español, «gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales» españoles.
Los organismos opositores también reprocharon «la suspensión del beneplácito y consecuente expulsión del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, a quien le impusieron abandonar el país», lo que «ha representado un acto condenable e injustificado contra las gestiones humanitarias y en pro de los derechos humanos de la Iglesia Católica y del Vaticano».
El Vaticano atribuyó al régimen de Ortega la expulsión de su nuncio apostólico en Nicaragua, y lo consideró una imposición «grave e injustificada».
«A los anteriores atropellos se suma la decisión del régimen Ortega Murillo de retirar el beneplácito al jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Nicaragua, Thomas Ess, sin razón aparente», continuó el grupo de organismos opositores.
«La ausencia del representante de la CICR en Nicaragua aumenta aún más el riesgo de los más de 177 presos políticos en el país», advirtieron.
La CICR confirmó que recibió una carta en la que el Gobierno sandinista notifica que decidió retirar el beneplácito al jefe de misión de Nicaragua.
«Las organizaciones definitivamente consideran que las injurias, desaires, expulsiones e imposiciones en las relaciones diplomáticas del Estado nicaragüense, bajo el régimen Ortega Murillo, no representa el pensar y sentir del pueblo nicaragüense», señalaron.
Entre las organizaciones que suscribieron la declaración se encuentran la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), Iniciativa por el Cambio, el Grupo de Reflexión de Excarcelados (Grex), Unión Nicaragüense Autoconvocada, y Alianza por la paz y la liberación de Nicaragua.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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