La Coalición de Virginia por los Derechos de los Inmigrantes y la Liga de Mujeres Votantes de Virginia presentaron una demanda en una corte federal contra el gobernador Glenn Youngkin por la eliminación de votantes elegibles tras la aprobación de la Orden ejecutiva 35.
La demanda alega que la orden, que permite eliminar votantes basándose en información desactualizada del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), viola la Ley Nacional de Registro de Votantes y afecta especialmente a los ciudadanos naturalizados, dijeron las organizaciones a través de un comunicado de prensa.
Las organizaciones que respaldan la demanda argumentan que esta medida pone en riesgo el derecho al voto y genera desconfianza en el proceso electoral.
La Orden Ejecutiva 35 fue firmada por el gobernador Glenn Youngkin en agosto y aprueba que los funcionarios electorales estatales y locales puedan eliminar a personas de la lista estatal de registro de votantes si los registros del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) no indican la ciudadanía estadounidense.
Las organizaciones demandantes señalan que esta acción estaría “purgando ilegalmente” de las listas de votantes a ciudadanos elegibles debido a que las licencias de conducir son otorgadas a no ciudadanos con una validez de hasta ocho años.
Agregan que esto “significa que las personas que obtuvieron licencias de conducir como no ciudadanos y posteriormente se convirtieron en ciudadanos estadounidenses, y están legalmente registradas para votar”, al no tener actualizado su estatus migratorio se verían afectadas con la medida.
Además, las organizaciones dicen que la Orden 35 envía un solo aviso que advierte a las personas que serán retiradas del las listas electorales, por lo que tienen 14 días para aclarar la situación, de lo contrario serán eliminadas, “una carga que recae desproporcionadamente en los ciudadanos estadounidenses naturalizados”.
Bruce V. Spiva, vicepresidente senior del Centro Legal de Campaña, aseguró que el estado está utilizando “datos rancios, para purgar ilegalmente a los votantes justo antes de las elecciones de 2024”.
Monica Sarmiento, Directora Ejecutiva de la Coalición de Virginia para los Derechos de los Inmigrantes, dijo que la demanda es presentada para combatir los “ataques contra los derechos de voto de los ciudadanos naturalizados” describiéndolo como un “ataque cruel a nuestra democracia”.
“Obligar a las nuevas comunidades estadounidenses a llevar una carga indebida que ninguna otra comunidad está obligada a cumplir es discriminación, y no representa los valores que representa nuestra Mancomunidad”, dijo Sarmiento.
La demanda busca que un juez prohíba al estado llevar a cabo lo que se denomina el “programa de purgas” para eliminar votantes y que reinstaure en las listas a aquellos que han sido eliminados a causa de este programa.
No obstante, aún no se ha fijado una fecha para la audiencia sobre esta solicitud, reportó The Associated Press.
Virginia trabaja para mantener la seguridad electoral
Por su parte el gobierno de Virginia asegura que la Orden Ejecutiva 35 establece medidas de seguridad que ya se han venido utilizando durante su administración y que han funcionado, tales como asegurar las papeletas, hacer pruebas exhaustivas a las máquinas de conteo y mantener una lista de votantes más precisa y actualizada.
El gobernador Youngkin aseguró que el “modelo de Virginia para la seguridad electoral funciona”.
Dijo que las irregularidades electorales no son un problema demócrata o republicano sino un problema estadounidense y del estado de Virgina.
“Cada voto legal merece ser contado sin ser disminuido por votos ilegales o máquinas inexactas. En Virginia, no jugamos y nuestro modelo para la seguridad electoral está funcionando», dijo el gobernador.
Agregó que en Virgina utilizan papeletas de papel al 100 % con una estricta cadena de custodia, máquinas de conteo y que no utilizan máquinas de votación. Estas se prueban antes de cada elección y nunca se conectan a Internet. Además señalo que no envían papeletas por correo masivo.
Dijo que los buzones son monitoreados en todo momento y verifican la presencia legal y la identidad de los votantes utilizando datos del DMV y otras fuentes de datos confiables para actualizar diariamente las listas de votantes.
Aceleración en el proceso de naturalización
En un reporte de agosto, en The New York Times (NYT) se asegura que el gobierno federal está procesando solicitudes de ciudadanía a un ritmo acelerado como no se había visto en una década y que esto se ha debido a “un retraso que se acumuló durante la administración Trump y la pandemia de coronavirus.
Miles de inmigrantes obtuvieron o están obteniendo su naturalización y serán elegibles para votar el próximo 5 de noviembre, muchos de estos se encuentran en estados donde Trump o Harris necesitan ganar, entre los que se incluyen Georgia, Arizona y Nevada, reportó el mismo medio.
El centro de investigación Pew Research Center confirma está información. La organización destaca que el número de ciudadanos naturalizados está creciendo a un ritmo acelerado debido a que el gobierno federal está procesando solicitudes de ciudadanía a un ritmo más rápido que en años anteriores.
En 2022 los adultos hispanos representaron el 34% de los votantes inmigrantes elegibles, señala el reporte. Actualmente, alrededor de 8.1 millones de ciudadanos naturalizados son hispanos, un notable incremento respecto a los 7.5 millones registrados en 2018.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos redujo el tiempo de procesamiento de solicitudes de naturalización a un promedio de 4.9 meses, comparado con los 11.5 meses en 2021, reportó el NYT.
La administración Biden implementó cambios para facilitar la naturalización, tales como acortar el formulario de solicitud y aumentar las tarifas, al tiempo que brinda descuentos para personas de bajos ingresos, reportó el mismo medio.
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