Previo a las elecciones generales de Nicaragua, a llevarse a cabo el próximo 7 de noviembre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Colectivo Nicaragua Nunca Más, presentaron el lunes ante el Parlamento Europeo un informe de la grave situación política y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua.
Los organismos también solicitaron al Parlamento Europeo que siga con el monitoreo sobre la situación del país centroamericano y adopte todos los instrumentos a su alcance para seguir acompañando al pueblo nicaragüense, incluyendo el cumplimiento de la Resolución 2020/2814, emitida en octubre pasado.
Durante la comparecencia Wendy Flores abogada y defensora del Colectivo de Derechos Humanos nicaragüense, afirmó que pese al respaldo que las organizaciones han tenido por parte del Parlamento Europeo condenando todas las medidas represivas del Estado a defensores de derechos humanos, opositores, periodistas y población civil, éstas continúan.
Según la activista cerca de cumplirse el tercer año de la insurrección cívica, no ha habido justicia para “ninguna de las 328 personas asesinadas en el marco de las movilizaciones; y sin tener condiciones para el retorno seguro de las más de 100 mil personas que fueron forzadas al exilio”.
Afirmó que también “prevalece el estado de excepción de facto, que impide la libre reunión y manifestación, en el marco de una sostenida campaña estatal que descalifica a activistas y opositores, señalados como terroristas, traidores a la patria, golpistas y de realizar lavado de dinero”.
En octubre de 2020 el Parlamento emitió una resolución en la cual condenaba todas las medidas represivas que la administración de Daniel Ortega ha venido realizando y se solidarizaba con el pueblo de Nicaragua. Sin embargo los organismos lamentan que cinco meses después de ello el panorama siga igual y hasta haya empeorado.
Durante la presentación informaron que luego de la resolución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho pública nueva evidencia de que, hasta finales de 2019, “al menos 1614 personas fueron privadas de libertad por razones políticas sin garantías judiciales y en su mayoría sometidas a inhumanos tratos y condiciones de reclusión”.
Sólo el Colectivo, afirma que ha documentado unos 77 casos de personas que han sufrido tortura durante su detención la que incluye “golpizas constantes, asfixias, extirpación de uñas, amenazas de muerte, violación sexual, simulación de asesinato, entre otros actos”.
Flores apuntó que “todas estas violaciones constitutivas de crímenes de lesa humanidad permanecen en la impunidad, por un lado, debido a la Ley de Amnistía aprobada en 2019; y, por otro, porque la represión por parte de fuerzas armadas estatales y paraestatales se mantiene en contra de quienes denuncien o alcen su voz en demanda de justicia y libertad”.
Además la abogada hizo una recapitulación de leyes y modificaciones hechas por el Congreso Nicaragüense para dar más control a la Administración Ortega, persecución de medios independientes; así como del número de personas que siguen presas por razones políticas y la participación de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para criminalizar a los activistas, defensores, defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores.
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