Un grupo de 74 organizaciones venezolanas enviaron una carta al nuevo presidente argentino Alberto Fernández, para pedir que ayude a poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro y participe en una salida democrática en su país.
«Mantenga durante su mandato todos los buenos oficios diplomáticos posibles para estimular una salida democrática, pacífica y constitucional al actual conflicto venezolano», pidieron el 16 de diciembre las organizaciones sociales y de derechos humanos, según la misiva difundida por Infobae.
«La ruptura del hilo democrático en nuestro país necesita del apoyo de la comunidad internacional para restablecerse», enfatiza la carta.
Según señala el documento, los esfuerzos multilaterales de las cancillerías de los diferentes países, y las coaliciones regionales como el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto de la Unión Europea, deben mantenerse y fortalecerse «con la participación activa de Argentina, debido a su importancia en el concierto de países latinoamericanos».
El grupo recalcó que «la mayoría de la población en nuestro país aspira a una solución pacífica y negociada del conflicto, que permita la restitución de los derechos de participación política y electoral de los venezolanos para elegir democrática y soberanamente su destino».
Además las organizaciones le recordaron a Fernández que Argentina también padeció una dictadura.
«Manifestamos nuestra esperanza que durante su mandato, Argentina mantenga y profundice el proceso de «Memoria, Verdad y Justicia», que ha llevado a empezar a poner fin a la Impunidad de las violaciones a los derechos humanos que afectó a los argentinos durante la última dictadura cívico-militar».
La situación en el país ha expulsado a más de 6 millones de venezolanos, una cifra que, señalaron, «continuará aumentando en los próximos meses de no permitirse en el país la apertura hacia la democracia».
En el documento dirigido a Fernández también se señalan las violaciones de derechos humanos, sociales y políticos realizadas por el régimen y documentadas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
El régimen de acuerdo con el ACNUDH “ha utilizado las detenciones arbitrarias como uno de los principales instrumentos para intimidar y reprimir a la oposición política y cualquier expresión de disensión, real o presunta, al menos desde 2014”.
En el informe de Michael Bachelet se documentó que «numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación».
De acuerdo con la carta, el ACNUDH también registró que estos detenidos enfrentan torturas como «aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas».
La carta fue enviada después que la dictadura de Venezuela nombrara como embajadora en Argentina a una capitana de las milicias chavistas, Stella Lugo Vetancourt, presentada recientemente por el régimen de Nicolás Maduro como Ministra del Turismo.
La Sra. Lugo es hermana de Noel Lugo, acusado por la subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada, por tener una banda criminal de narcotráfico.
El pasado noviembre, los allegados políticos del nuevo mandatario, Alberto Fernández, señalaron a la prensa que planeaban no reconocer al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por lo que retirarían las cartas credenciales de la embajadora Elisa Trotta.
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