La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó hoy los linchamientos a presuntos criminales que ocurrieron en días pasados en los estados de Puebla e Hidalgo además de calificarlos como actos de barbarie.
«Hemos reprochado y condenado la justicia por propia mano; no podemos perseguir conductas, presuntamente ilícitas pretendiendo hacer justicia», declaró el Ombudsman Luis Raúl González Pérez a medios en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, oeste de México.
«Los linchamientos no son otra cosa más que aplicar pretendida justicia, porque no es justicia por propia mano. Eso no es justicia, eso es barbarie y hay que sancionar a quienes incitan e impulsan este tipo de soluciones. Pero también hay que corregir las debilidades institucionales», apuntó.
González Pérez señaló que la comisión a su cargo emitió una recomendación para el estado de Puebla, en el que es «más proclive hacerse justicia por propia mano» y reconoció que hay debilidad institucional en la procuración de justicia.
El miércoles, alrededor de 150 habitantes de una comunidad del estado de Puebla, lincharon y quemaron vivos a dos personas a las que habían identificado como presuntos secuestradores de menores.
Mientras que el jueves un grupo de vecinos linchó y prendió fuego a dos personas a las que acusaban de haber robado niños en el municipio de Tula, en el céntrico estado mexicano de Hidalgo.
En ambos casos, las autoridades locales señalaron que no estaba «probado» que las víctimas hubieran cometido el delito por el que fueron atacadas.
El titular de la CNDH explicó que «la justicia por propia mano es reprochable pero también la condición del país, impunidad y violencia han dado las razones para que las personas cometan este delito».
Señaló que la desesperación de las personas «no puede llevar al extremo de hacer justicia por propia mano, porque vamos a caer en estado selvático, en donde lo que impere es quién puede más».
González Pérez dijo los culpables tienen que enfrentar procesos penales y los inocentes deben tener la certeza de que vivimos en un Estado de Derecho.
«La desesperación no debe de traducirse en conductas ilícitas. Estos hechos nos deben de llevar a la reflexión y a la exigencia de que se fortalezcan las instituciones», finalizó.
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