El líder de Nicaragua, el exguerrillero Daniel Ortega, en el poder desde enero de 2007, está armando «todo el entramado legal de una dictadura» con la aprobación de un paquete de leyes «que penalizan las libertades democráticas», según un análisis divulgado este sábado por el disidente sandinista Edmundo Jarquín.
El político, que ha sido candidato a la presidencia y a la vicepresidencia de Nicaragua, observó que, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, «hemos pasado otra Navidad con presos políticos, (con) centenares de muertos sin asomo de justicia, (y con) decenas de miles de exiliados».
A más de 32 meses que estallaran esas manifestaciones contra unas reformas de la Seguridad Social que se tornaron en protestas contra el régimen de Ortega, también hay «dirigentes opositores con casa por cárcel, prohibición de protestas pacíficas, privación del derecho de reunión y violación sistemática de los derechos humanos», mencionó.
«En adición, leyes recientes que penalizan las libertades democráticas y arman todo el entramado legal de una dictadura, más allá del ejercicio omnímodo del poder de Ortega sobre todos los poderes del Estado», continuó.
Jarquín se refiere a una nueva ley que inhabilitará las candidaturas a cargos de elección popular a aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado y sus ciudadanos, que además serán considerados «traidores a la patria».
También a la ley de agentes extranjeros, que prohíbe postularse a cargos de elección popular a los nicaragüenses que reciben financiación extranjera; la ley especial de ciberdelitos, que penaliza una amplia gama de comunicaciones en línea; y una enmienda constitucional que permitiría la cadena perpetua por «delitos de odio» definidos en términos generales.
Augura más presión internacional
Según Jarquín, que se desempeñó como embajador en España y México durante el primer régimen sandinista (1979-1990), son esas acciones del Ejecutivo «la verdadera causa de las sanciones internacionales» contra Ortega y sus allegados.
En ese sentido, destacó que un día después de que la mayoría parlamentaria sandinista aprobara la ley que vetará candidaturas, el lunes pasado, el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, advirtió que esa norma es «un paso más en la intimidación del pueblo» y aleja el país del estado de derecho.
También que hizo «un recuento detallado de todas esas lesiones legales a los derechos democráticos de los nicaragüenses», agregó.
«Y seguramente la nueva administración de los Estados Unidos tendrá el mismo recuento, sobre todo en circunstancias del consenso bipartidista que existe en el Congreso de ese país en contra de Ortega», añadió.
Los sandinistas sostienen que esa ley está fundamentada en el artículo 1 de la Constitución, que se refiere a que «la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense».
Los opositores buscan cómo derrotar a los sandinistas, dirigidos por Ortega, de 75 años, que en enero cumplirá 14 años consecutivos en su segunda etapa como líder de Nicaragua, tras coordinar una Junta de régimen de 1979 a 1985, y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.
Nicaragua tiene previsto celebrar elecciones generales el 7 de noviembre de 2021.
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