El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal de Nicaragua, exigió este lunes al régimen del presidente Daniel Ortega que restituya el derecho de libre empresa, luego del cierre de pequeños establecimientos que apoyaron una protesta antigubernamental.
«Estamos demandando que cese este tipo de represión, exigimos que se restituyan los derechos», dijo el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, sobre la clausura de diferentes establecimientos por orden del Ejecutivo, tras el paro nacional contra Ortega, el 23 de mayo pasado.
El cierre de negocios es la más reciente forma de «represión» de Ortega contra los empresarios, en medio de la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos, desaparecidos y detenidos, además de miles de exiliados, que vive Nicaragua desde abril de 2018, según el Cosep.
«En aquel momento (abril) vino con las confiscaciones de tierras, posteriormente continuaron con incrementos tributarios, reformas impositivas, reformas al seguro social, y ahora estamos viendo ese tipo de acciones, que se están queriendo cerrar empresas», se quejó Aguerri.
Las empresas cerradas en días recientes, por sumarse al paro contra Ortega, son principalmente restaurantes y farmacias, en las zonas Pacífico, sur y norte de Nicaragua, según denuncias de los afectados.
En cuanto a las farmacias, el Ministerio de Salud (Minsa) consideró que estas cometieron una «falta muy grave» al apoyar la protesta contra Ortega, razón por la que aplicó la Ley de Medicamentos y Farmacias a una cantidad no específica de distribuidoras de medicinas.
El Cosep indicó que tampoco cuenta con el número de negocios cerrados, pero anunció que esta misma semana les harán saber las opciones que tienen para que el régimen permita nuevamente su apertura, siempre que las autoridades respeten la ley.
Aguerri dijo que además la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del régimen en las negociaciones para encontrar una salida a la crisis, denunciará los cierres de negocios ante organismos regionales dedicados a la defensa de los derechos humanos.
El representante del Cosep afirmó que los cierres de empresas son un ejemplo de cómo las prácticas del régimen de Ortega no se corresponden con sus palabras.
«Vuelven a hablar de reconciliación, pero en el papel dicen una cosa y en el actuar dicen represión. Que lo dejen de decir y lo empiecen a hacer. Cada empresa que cierra hay más familias perdiendo su empleo (…) que den la oportunidad a los nicaragüenses de poder pensar distinto», agregó Aguerri.
Según el Banco Central de Nicaragua, el producto interno bruto (PIB) del país cayó en 3,8 por ciento en 2018, como resultado de la crisis sociopolítica, y no se esperan números positivos en 2019.
La Alianza Cívica, a la que pertenecen los empresarios de Nicaragua, sostiene que en el país centroamericano ser opositor puede equivaler a ser arrestado o ajusticiado.
La crisis de Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos desde el estallido social del 18 de abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha responsabilizado al régimen por la violencia. ONGs locales cuentan hasta 594. Ortega reconoce 199.
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