El líder sandinista Daniel Ortega cumple este viernes 13 años consecutivos como mandatario de Nicaragua, sin poder superar la crisis sociopolítica interna, que ha dejado cientos de muertos en protestas antigubernamentales, una economía en retroceso y una sociedad dividida.
Hoy también se cumplen tres años del primer régimen nicaragüense constituido por un matrimonio, en este caso Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, quienes han otorgado puestos en el Ejecutivo a algunos de sus hijos.
Pero no necesariamente se trata de un aniversario feliz para la familia presidencial, ya que pronto se cumplirán dos años de la llamada «insurrección cívica» contra el matrimonio Ortega Murillo, que no encuentra salida a la peor crisis nicaragüense desde los años 1980 a 1990, bajo el primer régimen del sandinista.
La crisis
En 20 meses de crisis han muerto al menos 328 personas, según la Comisión Interamericana de Justicia (CIDH) y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). Organismos locales cuentan hasta 651. Ortega admite 200.
La CIDH y Acnudh han responsabilizado por ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones sexuales, entre otros crímenes «de lesa humanidad», al Gobierno de Ortega, que dice defenderse de un «golpe de Estado fallido».
Dichos señalamientos han provocado sanciones internacionales a familiares y allegados de Ortega, entre ellos Murillo, su hijo Laureano Ortega Murillo, el consuegro y jefe de la Policía, Francisco Díaz, el tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López, o el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene un proceso abierto de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua por rompimiento del orden constitucional que, de ejecutarse, suspendería al país del organismo.
Incluso el FSLN fue expulsado de la Internacional Socialista.
Economía en retroceso
Atrás quedó 2007, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua creció un 3 %, para luego superar el 4 % cada año, y un país seguro para el turismo y las inversiones.
Tras el estallido social de 2018, la economía cayó un 3,8 %, y no se espera una recuperación sin solución política previa.
Tanto la oposición como economistas locales coinciden en que la única salida a la crisis es que se adelanten las elecciones de 2021, sin que Ortega esté involucrado en el proceso electoral ni aspire a la reelección.
Según la disidencia y los expertos, Ortega se ha sostenido en el poder por 13 años gracias a que el FSLN domina todos los Poderes del Estado, lo que le habría permitido aspirar a la reelección gracias a una interpretación de la Constitución, y dirigir procesos electorales supuestamente fraudulentos.
Sociedad dividida
Los reclamos antigubernamentales por abuso de poder han dividido a la población entre los nicaragüenses que aspiran a un retorno de la democracia, y los sandinistas que se oponen a un cambio.
Como resultado de la división, cientos de personas han ido a la cárcel tras mostrar rechazo hacia Ortega, portar la bandera de Nicaragua, cantar el himno nacional, o combinar ropa azul y blanca o soltar globos con dichos colores.
El régimen alega que con estas medidas garantiza «la seguridad». Como resultado, decenas de miles de nicaragüenses han huido al exilio.
La crisis ha hecho que el régimen de Ortega haya pasado de ir «de victoria en victoria», a sacar miles de policías a las calles y advertir que «con la paz no se juega».
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